FISCALÍA LOGRA CONDENA DE OCHO AÑOS EN CASO DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA MENOR

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La Fiscalía acreditó la responsabilidad penal del sentenciado por hechos ocurridos en Huaquirca. Según la investigación, habría utilizado amenazas para impedir que la adolescente denunciara las agresiones.

JUSTICIA. Una condena de ocho años de pena privativa de libertad efectiva fue impuesta a Julio Llacma Ancco por el delito contra la libertad sexual, en agravio de una menor de 14 años, tras las investigaciones y actuaciones probatorias desarrolladas por el Ministerio Público en la provincia de Antabamba, región Apurímac.

El caso fue llevado por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Antabamba, que logró acreditar la responsabilidad penal del acusado mediante elementos testimoniales, periciales y documentales, según la información fiscal difundida sobre el proceso.

Los hechos investigados se remontan al periodo comprendido entre abril y junio de 2020, en la comunidad campesina de Huaquirca. De acuerdo con la investigación fiscal, el sentenciado mantenía un vínculo familiar con la adolescente, pues era cuñado de la víctima, circunstancia que habría aprovechado para cometer las agresiones sexuales en tres oportunidades.

AMENAZAS PARA EVITAR LA DENUNCIA

Otro de los aspectos señalados por la Fiscalía durante el proceso fue que el acusado habría recurrido a amenazas contra la integridad de la madre de la menor para impedir que los hechos fueran denunciados. Esta situación habría generado temor en la adolescente y dificultado que revelara oportunamente lo sucedido.

El caso salió a la luz cuando la menor acudió al Centro de Salud de Huaquirca para recibir atención médica. Durante la evaluación se le practicó una prueba de embarazo, cuyo resultado fue positivo. Posteriormente, en una entrevista con el personal de salud, la adolescente comunicó las agresiones que, según su relato, había sufrido por parte de su cuñado.

A partir de esta información se activaron las actuaciones correspondientes, que permitieron el desarrollo de la investigación fiscal y la recopilación de elementos probatorios para esclarecer los hechos.

FISCALÍA PRESENTÓ PRUEBAS DURANTE EL PROCESO

La acusación estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Roger Usandivares Huillca, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Antabamba, quien sustentó la responsabilidad penal del procesado mediante pruebas testimoniales, periciales y documentales.

Durante el proceso, la defensa del acusado alegó que posteriormente habría contraído matrimonio con la víctima, luego de separarse de la hermana de la adolescente. Sin embargo, el Ministerio Público sostuvo que esa circunstancia posterior no elimina la responsabilidad penal por los hechos delictivos cometidos contra una persona menor de edad.

La condena de ocho años de prisión efectiva constituye el resultado judicial informado por la Fiscalía. El caso vuelve a poner en primer plano la importancia de investigar las agresiones sexuales contra menores, especialmente cuando se producen en entornos familiares, donde la confianza, el temor y las posibles amenazas pueden dificultar que las víctimas pidan ayuda.

PROTECCIÓN DE MENORES Y ACCESO A LA JUSTICIA

Los hechos reportados también resaltan la importancia del trabajo articulado entre los establecimientos de salud y las autoridades competentes para identificar posibles situaciones de violencia y activar las rutas de protección.

Cuando una niña o adolescente revela una agresión sexual, resulta fundamental que reciba atención médica y psicológica especializada, protección frente a posibles represalias y acompañamiento durante el proceso judicial, evitando su revictimización.

La denuncia oportuna, la investigación diligente y la actuación de las instituciones son esenciales para garantizar el acceso a la justicia y la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

En este caso, la Fiscalía informó que obtuvo una sentencia de ocho años de pena privativa de libertad efectiva contra el acusado. La información difundida no precisa si la condena se encuentra firme o si existe algún recurso pendiente, por lo que ese aspecto deberá verificarse con las autoridades competentes antes de una actualización posterior.

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