El proyecto contempla faltas leves, graves y muy graves, además de medidas que van desde amonestaciones hasta la separación del estudiante en los casos más severos. La propuesta está en consulta pública y aún debe seguir el proceso de aprobación.
Nuevas reglas para afrontar la indisciplina y reforzar la convivencia en las instituciones educativas del país fueron presentadas por el Gobierno y el Ministerio de Educación (Minedu). La iniciativa busca establecer criterios claros para sancionar las conductas que afectan la seguridad, el respeto y el normal desarrollo de las actividades escolares.
Los denominados Lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar en la Educación Básica fueron presentados por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Educación, José Antonio Chang. La propuesta plantea fortalecer la autoridad de docentes y directivos, establecer responsabilidades para las familias y aplicar medidas proporcionales según la gravedad de las faltas cometidas por los estudiantes. <Cite refs={[«turn412137search2″,»turn412137search6»]}/>
Sin embargo, hay un aspecto fundamental que deben conocer los padres de familia, docentes y estudiantes: los lineamientos fueron publicados como proyecto normativo para recibir comentarios y aportes durante 15 días calendario. Por tanto, no corresponde presentarlos como un reglamento definitivo ya vigente.
FALTAS LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES
Uno de los principales componentes de la propuesta es la clasificación de las conductas contrarias a la disciplina escolar en tres categorías: leves, graves y muy graves. Esta diferenciación busca que las instituciones educativas puedan responder de acuerdo con las características de cada caso y la magnitud de la conducta.
Entre las medidas contempladas figuran las amonestaciones, la reparación del daño ocasionado, la suspensión, la matrícula condicional y la separación definitiva para las infracciones más graves, según los términos descritos en la propuesta.
La aplicación de estas medidas deberá considerar la naturaleza de la falta y los procedimientos correspondientes. El objetivo declarado es evitar respuestas arbitrarias y establecer pautas que permitan a las instituciones educativas actuar ante situaciones que alteren la convivencia escolar.
BULLYING, AGRESIONES Y DISCRIMINACIÓN EN LA MIRA
La propuesta pone especial atención en conductas que comprometen la integridad física y emocional de los integrantes de la comunidad educativa.
Entre los comportamientos señalados se encuentran el acoso escolar o bullying, las agresiones físicas y psicológicas, la violencia sexual, la discriminación y el robo, además de otras acciones que puedan poner en riesgo la seguridad de los estudiantes.
Estas situaciones requieren una intervención oportuna de las autoridades educativas, con mecanismos de protección para las posibles víctimas y una evaluación adecuada de los hechos antes de determinar las responsabilidades.
En casos de violencia, la respuesta institucional no debería limitarse a imponer una sanción. También resulta fundamental garantizar la protección del estudiante afectado, evitar represalias, brindar acompañamiento psicológico cuando corresponda y activar los protocolos pertinentes.
CELULARES Y OTRAS CONDUCTAS QUE AFECTAN LAS CLASES
La iniciativa también se enmarca en las medidas orientadas a reforzar el cumplimiento de las normas dentro de los colegios. Entre las conductas mencionadas en la información difundida sobre los lineamientos figuran el uso indebido de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.
El proyecto busca que las instituciones educativas cuenten con reglas claras para afrontar comportamientos que interrumpan las actividades pedagógicas o afecten la convivencia.
La propuesta debe distinguirse de otras disposiciones sobre el uso de celulares en los colegios, cuya regulación cuenta con un marco normativo específico. Por ello, las familias y los centros educativos deberán revisar las disposiciones oficiales aplicables y no asumir que todas las medidas anunciadas forman parte de una única norma ya aprobada. <Cite refs={[«turn412137search5″,»turn412137search10»]}/>
¿REGRESARÁ LA NOTA DE CONDUCTA DE 0 A 20?
Otro de los puntos señalados en la información proporcionada sobre la iniciativa es el restablecimiento de la calificación de conducta en una escala de 0 a 20.
Esta medida busca incorporar la evaluación del comportamiento dentro de la gestión de la disciplina escolar. Su alcance, aplicación y relación con el proceso de formación integral de los estudiantes deberán revisarse en el texto oficial del proyecto y en la versión que eventualmente sea aprobada.
La evaluación de la conducta plantea, además, la necesidad de diferenciar entre una infracción comprobada, una dificultad de convivencia y una situación que requiera atención especializada. La aplicación de medidas disciplinarias debe respetar los derechos de los menores y evitar que una sanción se convierta en un mecanismo de humillación o discriminación.
DIRECTORES, DOCENTES Y PADRES TAMBIÉN TENDRÁN RESPONSABILIDADES
La propuesta no centra toda la responsabilidad en los estudiantes. También plantea obligaciones para los directivos, docentes y familias en la gestión de la disciplina.
Los responsables de cada institución educativa deberán intervenir frente a las faltas, aplicar los procedimientos previstos y promover condiciones que permitan desarrollar las clases en un ambiente seguro.
Por su parte, las familias cumplen un papel importante en el acompañamiento de sus hijos, el cumplimiento de los acuerdos escolares y la coordinación con los docentes cuando se presentan dificultades de conducta.
La finalidad es promover una responsabilidad compartida entre la escuela y el hogar, en lugar de trasladar exclusivamente a uno de estos sectores la tarea de prevenir y corregir los problemas de convivencia.
¿UN ESTUDIANTE PODRÁ SER SEPARADO DEFINITIVAMENTE?
La separación definitiva figura entre las medidas contempladas para las infracciones más graves descritas en la propuesta. No obstante, su inclusión no significa que cualquier falta pueda justificar la expulsión automática de un estudiante.
La determinación de una medida de esa naturaleza exige atender a las reglas y garantías que establezca la normativa aplicable, así como a las circunstancias del caso y los derechos del menor.
Según la información proporcionada sobre el proyecto, también se consideran alternativas para procurar la continuidad educativa de los estudiantes separados, junto con acompañamiento psicológico y mecanismos de reinserción.
Este componente resulta relevante porque una medida disciplinaria no debería traducirse, sin las garantías correspondientes, en la pérdida del acceso a la educación. La protección de los demás estudiantes y la continuidad del proceso educativo deben abordarse con responsabilidad.
QUINCE DÍAS PARA PRESENTAR APORTES
El Ministerio de Educación oficializó la publicación del proyecto mediante la Resolución Ministerial N.° 613-2026-MINEDU, publicada el 12 de octubre de 2026 en el diario oficial El Peruano. La resolución establece un plazo de 15 días calendario, contado desde el día siguiente de su publicación, para recibir comentarios, aportes y opiniones de entidades públicas, instituciones privadas y ciudadanía. <Cite refs={[«turn412137search1″,»turn412137search6»]}/>
Los aportes deben presentarse utilizando el formato correspondiente y remitirse al correo electrónico [email protected]. La Dirección de Gestión Escolar del Minedu estará encargada de recibir, procesar, sistematizar y evaluar las observaciones.
Una vez concluida esta etapa, corresponderá al sector Educación evaluar los aportes y continuar el procedimiento normativo que determine si la propuesta se aprueba y en qué términos.
EL DESAFÍO: DISCIPLINA CON RESPETO A LOS DERECHOS
La iniciativa abre un nuevo debate sobre cómo enfrentar la violencia, el acoso y las faltas de conducta en las escuelas peruanas. Para las familias y los docentes, el principal interés estará en conocer cómo se aplicarán las reglas, qué garantías tendrán los estudiantes y cómo se evitarán decisiones desproporcionadas.
El restablecimiento del orden escolar requiere normas comprensibles, procedimientos transparentes y una intervención oportuna ante situaciones de violencia. También demanda prevención, orientación y apoyo a los estudiantes que atraviesan dificultades de comportamiento.
Por ahora, el proyecto se encuentra en etapa de consulta pública. La atención estará puesta en los aportes que reciba el Ministerio de Educación y en el contenido definitivo que eventualmente se apruebe para las instituciones educativas del país.
