Los ciudadanos eran requeridos por distintos juzgados por procesos relacionados con el presunto delito de omisión a la prestación de alimentos
Como parte de las acciones contempladas en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026–2028, efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales y del Destacamento de Protección de Carreteras PNP Abancay realizaron diversos operativos que permitieron intervenir a tres ciudadanos que registraban requisitorias vigentes emitidas por autoridades judiciales.
De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional del Perú, las intervenciones forman parte de las acciones permanentes orientadas a la ubicación de personas requeridas por la justicia y al cumplimiento de los mandatos emitidos por los órganos jurisdiccionales competentes.
Durante el operativo, personal de la Unidad de Operaciones Especiales intervino a Rolando (39), quien, según el registro policial, presentaba una requisitoria vigente por un proceso relacionado con el presunto delito de omisión a la prestación de alimentos, a solicitud del Juzgado Penal Unipersonal de Abancay.
Asimismo, efectivos del Destacamento de Protección de Carreteras PNP Abancay intervinieron a Yeferson (22) y Julio César (52), quienes también registraban requisitorias vigentes por procesos vinculados al presunto delito de omisión a la prestación de alimentos. En estos casos, los requerimientos judiciales fueron emitidos por el Cuarto Juzgado Unipersonal de Ica y el Juzgado Penal Unipersonal de Ica, respectivamente.
Tras las intervenciones, los tres ciudadanos fueron puestos a disposición de las unidades policiales competentes para el desarrollo de las diligencias correspondientes y su posterior traslado ante las autoridades judiciales que emitieron las requisitorias, conforme a los procedimientos establecidos por la legislación vigente.
La Policía Nacional señaló que este tipo de operativos busca dar cumplimiento a las órdenes de captura y requisitorias emitidas por el Poder Judicial, fortaleciendo las acciones de seguridad ciudadana y el trabajo coordinado entre las instituciones encargadas de la administración de justicia.
Cabe precisar que la existencia de una requisitoria responde a un mandato judicial dentro de un proceso legal. En ese sentido, la situación jurídica de las personas intervenidas será determinada por las autoridades competentes, respetándose en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia, conforme a lo establecido por la Constitución y las normas vigentes.
Las autoridades reiteraron que continuarán desarrollando operativos en distintos puntos de la región con el propósito de ubicar a personas requeridas por la justicia y contribuir al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, siempre dentro del marco de la ley y con respeto a los derechos fundamentales.
