Cotabambas y Abancay concentran la mayor parte de los recursos transferidos por canon minero
Apurímac vuelve a ubicarse entre las regiones que recibirán importantes recursos provenientes del canon minero, una transferencia que representa una oportunidad para fortalecer la inversión pública y atender las principales necesidades de la población. Sin embargo, más allá de las cifras, el verdadero reto comienza con la capacidad de los gobiernos locales para ejecutar proyectos que generen resultados concretos.
De acuerdo con la Resolución Ministerial N.° 275-2026-EF/50, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante el mes de julio se efectuó la distribución del canon minero correspondiente al Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2025. En este proceso, las municipalidades provinciales de Cotabambas y Abancay figuran entre las principales beneficiarias de la región.
Según la distribución oficial, la Municipalidad Provincial de Cotabambas recibió S/ 68 356 632,19, mientras que la Municipalidad Provincial de Abancay obtuvo S/ 43 081 008,06. En conjunto, ambas concentran cerca del 68 % del total asignado a las siete municipalidades provinciales de Apurímac, consolidándose como las jurisdicciones con mayor disponibilidad de recursos provenientes del canon minero.
Un incremento vinculado al desempeño del sector minero
Especialistas en economía señalan que el canon minero se financia con el 50 % del Impuesto a la Renta que pagan las empresas dedicadas a la actividad minera. En consecuencia, cuando las utilidades del sector aumentan, también se incrementa la recaudación tributaria y, con ello, los recursos que el Estado distribuye a los gobiernos regionales y locales.
Diversos analistas consideran que el monto transferido este año estaría relacionado con el desempeño registrado por la actividad minera durante el ejercicio fiscal 2025, influido por factores como los niveles de producción, la cotización internacional de los minerales, el volumen de exportaciones y la continuidad de las operaciones extractivas.
Asimismo, algunos especialistas sostienen que la reducción de interrupciones prolongadas en determinadas operaciones mineras habría favorecido la continuidad de la producción y la recaudación fiscal. No obstante, es importante precisar que la Resolución Ministerial N.° 275-2026-EF/50 establece únicamente los índices de distribución del canon minero y no atribuye el incremento de los recursos a una causa específica.
La ejecución marcará la diferencia
Con los recursos ya incorporados a los presupuestos municipales, el principal desafío deja de ser la disponibilidad de financiamiento y pasa a ser la capacidad de gestión de cada gobierno local.
La ciudadanía espera que estas transferencias se reflejen en proyectos que respondan a las necesidades prioritarias de la población, como infraestructura vial, agua y saneamiento, educación, salud, desarrollo urbano, apoyo al sector productivo y otros servicios públicos que contribuyan a mejorar la calidad de vida.
Para alcanzar esos objetivos será indispensable contar con expedientes técnicos viables, procesos de contratación eficientes, una adecuada planificación y mecanismos de transparencia que permitan garantizar el uso responsable de los recursos públicos.
Una oportunidad para impulsar el desarrollo regional
El canon minero constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las inversiones públicas en diversas provincias de Apurímac. Su correcta administración puede convertirse en un motor para cerrar brechas sociales y promover el crecimiento económico sostenible.
En ese contexto, la atención de la población estará puesta en la capacidad de las autoridades para transformar estos recursos en obras culminadas, servicios de calidad y proyectos que generen beneficios duraderos para las comunidades.
Más allá de las cifras históricas, el éxito de esta nueva distribución no se medirá por el monto recibido, sino por el impacto que las inversiones logren tener en la vida cotidiana de miles de familias apurimeñas. Ese será, finalmente, el indicador más importante para evaluar la gestión de los recursos públicos.
