Carlos Iván Landa Kerschbaumer
Todavía recordamos lo que dijo el exalcalde de San Jerónimo, y actual gobernador de la región Apurímac, Percy Godoy Medina, al señalar que su gestión edil realizará las obras que requiere el pueblo por administración directa, lo cual se traduce en dar trabajo a los jeronimianos y volver a invertir con los recursos que se tienen, una apuesta que hoy imitarán las autoridades nacionales.
Pues bien, el tiempo le ha dado la razón a Godoy Medina, luego que el congreso de la república por presión de gobernadores y alcaldes admitiera que se equivocó al limitar las obras por administración directa a 50 UIT, tras informe de la controlaría general de la república que advirtió que de un millar de obras planificadas solo se concretó el 10 por ciento, generando gran decepción
Tras un amplio debate que concitó la atención de las autoridades presentes en el hemiciclo se produjo la votación a ese respecto, lográndose 106 votos a favor cero en contra y 07 abstenciones, es decir un gran número de congresistas de todas las bancadas apostaron por derogar la ley 31876 que regula la ejecución de obras por administración directa y así generar nuevo marco normativo.
Durante el debate se indicó que con el bajo monto asignado a los gobiernos locales (S/. 245,000.00) no alcanzaba ni para realizar un expediente técnico, pero además se añadió que tampoco el gobierno local, podía hacerse de maquinarias para ejecutar su gestión, además indican que no es un cheque en blanco porque se aplicarán normas precisas para garantizar la inversión.
Eso sí, se subrayó, que las obras que se ejecuten tienen que ser de calidad, como no podía ser de otro modo, se responsabilizó al bloque de derecha de haber permitido la dación de la ley 31876, que perjudica a muchos gobiernos regionales y locales, empero otros legisladores dijeron que no era momento de señalar culpables sino por apostar por un nuevo marco que plantee los objetivos.
Lo cierto es que la derogación de la ley 31876 se ha cumplido, pero tampoco debe decirse que era muy mala, porque existen artículos que permiten la ejecución de candados ante un desvío de los fondos públicos, algo que debe mantenerse, según algunas posiciones de legisladores, está claro que la izquierda saludo de buena forma la derogación de la norma, por efectos del manejo público
Ahora solo queda, que las autoridades hagan bien su tarea y actúen con real celo, al momento de contratar al personal que se requiere para ejecutar las obras que requiere cada pueblo, y no se permita como condición un carné partidario para llevarlas a cabo, las autoridades tienen la mesa servida pero deben actuar con suma responsabilidad y ética al momento de seleccionar y ejecutar.
En ese contexto, vemos como positiva, la conquista obtenida por las autoridades nacionales, quienes no tuvieron empacho para viajar a la capital y buscar soluciones para sus pueblos, lo tangible es que cuentan con presupuestos y partidas para llevar adelante sus funciones y desarrollar la serie de proyectos que existen, nunca más borrón y cuenta nueva en las ejecuciones.
