COLUMNA: LA CRÓNICA DEL ESPEJO
Por: John Kenny Acuña Villavicencio
Profesor-investigador UAGro (johnkenny @uagro.mx)
Amanecí con la noticia de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos habían ingresado a Venezuela y capturado al presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, en Caracas, alrededor de las dos de la mañana el 3 de enero de este año, en un operativo que recordó la detención del panameño Manuel Antonio Noriega en 1990, quien posteriormente fue juzgado en Estados Unidos y condenado a 40 años de cárcel. De acuerdo con los reportes iniciales, los ataques no se limitaron a esta residencia, sino que también se llevaron a cabo en puntos estratégicos del país, principalmente en bases militares ubicadas en distintas regiones.
Esta operación representa una escalada de gran magnitud y, en términos históricos, reaviva prácticas de intervención armada propias del siglo XX, asociadas a la proyección militar estadounidense en América Latina.
El episodio remite directamente a la Doctrina Monroe, una política exterior con más de doscientos años de vigencia que ha sido reactivada por el presidente Donald Trump. Dicha doctrina se sustenta en la idea de una división hemisférica del mundo, que separa a Europa y América en términos geopolíticos. Desde esta lógica, Estados Unidos se ha asumido como responsable de América Latina y el Caribe, considerando al hemisferio occidental como una zona de influencia directa y diferenciada del Viejo Mundo.
La presencia de fuerzas estadounidenses en territorio venezolano vulnera los principios de soberanía y la prohibición del uso de la fuerza establecida por el derecho internacional. Sin embargo, estos principios han sido ignorados de manera sistemática por una nación que ha intervenido, a través de apoyos a golpes de Estado, operaciones encubiertas y acciones armadas directas e indirectas, en países latinoamericanos en al menos 50 ocasiones, lo que evidencia un patrón histórico de intromisión.
Los antecedentes son claros. En 1973, Estados Unidos respaldó la dictadura de Augusto Pinochet y contribuyó al derrocamiento del presidente democrático Salvador Allende, elegido en 1970. En Guatemala, en 1954, apoyó el golpe de Estado encabezado por Carlos Castillo Armas, que depuso al gobierno de Jacobo Árbenz. En Perú, en 1975, respaldó el golpe militar de Francisco Morales Bermúdez contra el general Juan Velasco Alvarado y presionó para la adopción de políticas de austeridad y liberalización del mercado, dando paso a un proceso de neoliberalización del país.
Más recientemente, en 2002, Washington apoyó el golpe militar contra Hugo Chávez, con el objetivo de frenar la continuidad de la izquierda en el poder y reorientar los acuerdos comerciales. No obstante, Chávez retomó el mando pocos días después e impulsó las llamadas 49 Leyes, que afectaban intereses ligados a la propiedad privada. Tras su muerte en 2013, Nicolás Maduro quedó a cargo de la continuidad de este proyecto, aunque la ausencia de cambios en los liderazgos en el poder, así como la falta de un “bloque histórico” renovador, terminaron debilitando el llamado socialismo del siglo XXI.
Según Jude McKechnie, en Socialist Worker, el interés de Trump por América Latina responde al declive de la hegemonía estadounidense frente a otros países, particularmente China. McKechnie sostiene que los fracasos de las intervenciones militares estadounidenses en Oriente Medio se hicieron evidentes a partir del año 2000 y que este contexto está estrechamente vinculado con el ascenso comercial, cultural y militar chino, además de su creciente presencia en América Latina.
Esta interpretación resulta pertinente, porque China no solo mantiene vínculos estratégicos con países como Venezuela, Chile o Brasil, sino que también ha financiado e inaugurado megaproyectos de infraestructura, como el puerto de Chancay, en Perú, cuya operación podría transformar el comercio en el Pacífico.
Aunque durante la Cumbre del G-2 de octubre de 2025 Donald Trump y Xi Jinping acordaron establecer reglas claras de competencia comercial internacional, lo cierto es que la política exterior estadounidense hacia la región no parece orientada a la recuperación de las democracias debilitadas, ni a la reducción de la pobreza o al fortalecimiento de la seguridad. Por el contrario, reproduce una lógica intervencionista novedosa y, paradójicamente, “desglobalizada”, orientada al control de recursos naturales y estratégicos —desde Groenlandia hasta la Patagonia— vinculados al desarrollo tecnológico y a la reconcentración de la economía nacional.
En ese marco, el recurso jurídico presentado por la fiscal general estadounidense Pam Bondi contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha sido utilizado por Trump para acusarlo de vínculos con el narcotráfico. Ahora bien, este señalamiento omite que la producción, distribución y consumo de drogas constituyen un problema estructural y mundial, que no puede reducirse a un solo escenario. ¿Por qué no se interviene en otros países que enfrentan el mismo problema o a qué responde el trato diferenciado hacia aquellos gobiernos cuestionados por corrupción que apelan a la disminución o incluso a la desaparición del Estado? Lo cierto es que se está gestando un nuevo poder, motivado por discursos de odio, intolerancia y negación, frente a aquellas voces que exigen alguna posibilidad humana y construyen alternativas de socialidad, sometidas al poder del capital. Por eso, debemos manifestarnos de todas las formas posibles, denunciar el abuso autoritario de todo tipo y reavivar la fraternidad latinoamericana.
