Iniciativa presentada en el Senado busca esclarecer las circunstancias de los fallecimientos, evaluar el uso de la fuerza y plantear medidas de reparación para las víctimas y sus familias.
PROPUESTA BUSCA REABRIR EL DEBATE SOBRE UNO DE LOS PERIODOS MÁS CRÍTICOS DE LA CRISIS POLÍTICA
La bancada de Juntos por el Perú (JP) presentó, a través del senador Andrés Ramos, una propuesta para crear una comisión especial que investigue y realice seguimiento a los hechos ocurridos durante las protestas sociales registradas entre finales de 2022 e inicios de 2023, periodo marcado por una grave crisis política y social en el país.
La iniciativa plantea la creación de la Comisión Especial de Estudio y Seguimiento “Verdad, Justicia y No Repetición Sur Perú 2022-2023”, cuyo propósito sería revisar las circunstancias en las que se produjeron las muertes registradas durante las movilizaciones y contribuir al esclarecimiento de los hechos.
El ámbito de análisis comprendería las regiones de Apurímac, Ayacucho, Puno, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna, territorios donde se concentraron algunos de los episodios más graves de las protestas.
INVESTIGAR EL USO DE LA FUERZA
De acuerdo con la propuesta, uno de los aspectos centrales de la comisión sería examinar las circunstancias de los fallecimientos y evaluar el uso de la fuerza empleado durante las jornadas de movilización por parte de las autoridades encargadas del orden público.
La iniciativa también contempla identificar, de corresponder, las responsabilidades que pudieran establecerse a partir de las investigaciones, siempre dentro de las competencias y procedimientos que correspondan a las instituciones del Estado.
Como referencia para la propuesta se citan reportes de la Defensoría del Pueblo, según los cuales durante este periodo se registraron 66 personas fallecidas en el contexto de las protestas.
REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN
La propuesta parlamentaria no se limitaría al esclarecimiento de los hechos. También plantea evaluar posibles medidas de reparación para las víctimas y sus familiares, así como formular recomendaciones destinadas a prevenir que situaciones similares vuelvan a producirse.
El planteamiento de JP busca colocar nuevamente en la agenda política y pública uno de los episodios más controversiales de la reciente historia nacional, especialmente en las regiones del sur del país, donde las movilizaciones tuvieron un fuerte impacto social.
La eventual creación de esta comisión deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente y, de ser aprobada, sus conclusiones dependerán de la revisión de documentos, testimonios y demás elementos que sean incorporados durante el proceso.
DEBATE SOBRE JUSTICIA Y RESPONSABILIDADES
La propuesta vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de esclarecer las muertes ocurridas durante las protestas y establecer, con base en investigaciones y evidencias, las responsabilidades que pudieran corresponder.
Mientras el planteamiento inicia su recorrido parlamentario, el debate político promete intensificarse alrededor de la búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas y sus familias.
