Mientras en Andahuaylas las organizaciones de seguridad ciudadana son un saludo a la bandera, porque nadie asume acciones claras contra el delito, el crimen organizado, sigue cobrando vidas, como antes ocurría con bandas de robabancos, y de secuestradores, que anunciaban una nueva modalidad criminal, hoy, aparecen organizaciones de sicarios, con terrible e insólita furia asesina.
Pero respecto a ello, ¿qué opinan nuestras autoridades políticas?, ¡absolutamente nada!; todos ellos, han hecho mutis: su reacción ha sido un silencio sepulcral; ¿o ustedes han escuchado en los últimos tiempos, a algún político local alzando su voz ante la insania criminal? Nada de esto, los interlocutores de turno no han sabido dar repuesta, a ninguna de las interrogantes ya planteadas.
Las acciones criminales le vienen ganando espacio a las decisiones políticas que requiere el país, que sucumbe ante la inercia de sus autoridades, por efecto de asociaciones criminales, que han causado grave daño a la sociedad a causa de enormes hurtos de dinero del erario nacional; la corrupción se encuentra en diversos niveles de gobierno, con robos que causan conmoción social. En tanto, las organizaciones sociales que acostumbran reaccionar cuando ocurren situaciones de abuso comprobado, están a la espera que se haga realidad la reanudación de la obra del hospital, y continúan sosteniendo reuniones con técnicos del gobierno central para concluir las agendas pendientes; aún no han dicho nada, respecto a la ejecución de la perniciosa ideología de género.
Lo que realmente llama la atención es que instituciones tutelares del sector educación como la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y el Sindicato Único de trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP) se hayan tragado la lengua ante los despropósitos de una norma que intenta causar daño moral a los niños mediante la autoexploración sexual generada a través del tiempo.
No sabemos si ustedes se habrán dado cuenta, que los grandes debates políticos y sociales, se realizan a través de los medios de comunicación, y jamás se hacen de oficio, a través de los órganos pertinentes, que son los llamados a ofrecer respuestas ante situaciones complicadas que sufre la población; lo primero que hacen las autoridades políticas, es esconderse en sus oficinas.
Estos temas de robos, indiferencia, negligencia e inhumanidad, también deben ser considerados acciones criminales, porque mucha gente pobre y hambrienta, sufre cuando sus autoridades no salen a su encuentro, pero más allá del dolor físico, la herida es mucho más grande cuando se producen en el espíritu del pueblo; la criminalidad es también psicológica y genera sufrimiento.
El país vive momentos complicados de deterioro moral; los índices de delincuencia son enormes: la gente muere todos los días por acciones criminales y extrema pobreza, pero sobre todo por falta de apoyo; en las alturas cada año se conoce que habrá muertes de niños por efectos de anemia y ausencia de medicamentos, frente a esto los gobernantes son incapaces de generarles sosiego.
