Por: John Kenny Acuña Villavicencio (Profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero)
Ha pasado desapercibido, por lo menos en Guerrero, uno de los libros más importantes que aborda el fenómeno de la desaparición forzada en América Latina. Me refiero a la obra coordinada por Manolo Vela Castañeda: Guatemala, la república de la desaparición forzada (2023). Cabe resaltar que, desde un inicio, el título de este ambicioso proyecto es una provocación. La primera interrogante es saber si en realidad existe algo como tal, es decir, un gobierno de “aquellos” donde impera el autoritarismo y la deshonestidad con que actúan los políticos y burócratas. Todo parece indicar que sí, por lo menos en lo que respecta a la historia de este país centroamericano que ha sido víctima de las atrocidades más cruentas del s.XX expresadas en guerra, genocidio, masacre y desaparición forzada de indígenas, mujeres, luchadores sociales, estudiantes y gente de a pie. No hay la menor duda que estos instrumentos de control sirvieron para imponer el orden y replantear una forma de república que, contrario al planteamiento novedoso de Alexis Tocqueville, quien sostuvo en su momento que se trataba de un gobierno que garantizaba la libertad, la democracia y la representación, en América Latina fue adoptada de una manera contraria a los intereses de las amplias mayorías (A. Tocqueville, El antiguo régimen y la revolución, Guadarrama, 1969; J. Aguilar, “Dos conceptos de República”, 2022).
Si bien, esta idea no es la discusión central, conviene mencionar que los autores de este libro subrayan que Guatemala se habría convertido en un “infierno”. Esta advertencia no es una exageración y mucho menos cuando se sabe que durante el s.XIX y s.XX, los indígenas estaban condenados al trabajo obligatorio y la racialización de éstos alimentaba la ambición de los extranjeros y las élites locales. No en balde, Manuel Estrada (1898-1920) y Jorge Ubico (1931-1944) implementaron políticas de segregación que beneficiaban al poder empresarial y finquero. En medio de estos recursos impuesto por los dictadores, la clase subalterna y política debía responder e impulsar la Revolución de Octubre de 1944 que, en el fondo, prometía hacer realidad todas las demandas del pueblo. Fue así que se cristalizó una década de reivindicaciones y reformas que favorecían a los sectores sociales más golpeados por el progreso. Pero, este tiempo de reivindicaciones no duraría mucho, las propias contradicciones del movimiento y las reformas de 1954 engendrarían una forma política autoritaria (S. Tischler, Crisis y revolución. Ocaso y quiebre de una forma estatal, FyGa Editores, 2001). A decir verdad, mientras Jacobo Árbenz solicitaba asilo en México, la revolución del 44 se desvanecía y caía en manos del Ejército de Liberación Nacional (M. Vargas Llosa, Tiempos recios, Alfaguara, 2019).
El golpe de Estado de 1954 de Castillo Armas (junto a la CIA) ponía fin a una etapa de cambios políticos y abría otro periodo de guerra entre 1960 y 1996 que marcaría el destino de los guatemaltecos. Es así que, en los años de 1981 a 1982, las protestas sociales e indígenas alcanzaban un pico importante que dio lugar no sólo a una de las represiones más violentas en América Latina, sino también a la puesta en marcha de políticas de tortura y represión de influenza extranjera. Como era de esperar, las respuestas colectivas sólo podían ser detenidas con ejecuciones y desaparición forzada por parte del Estado. Es más, los golpistas Lucas García (1972-1982), Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Oscar H. Mejía Víctores (1983-1986) encontraban en esta última práctica una “forma selectiva” de negación y exterminio del enemigo. De este modo, Guatemala se convertía en un laboratorio de disciplina y terror político. Quizás los números pueden refrescarnos la memoria, en 36 años de guerra hubo cerca de “200,000 muertos y 45,000 desaparecidos, el 25% de ellos durante el gobierno de Ríos Montt” (Ver: https://diagonalciep.org/jose-e-rios-montt-murio-sin-sentencia-pero-no-inocente/). Luego de la Asamblea Constituyente impulsada por Mejía Víctores, de 1986 a 1996, se estableció una especie de reorganización social y política para democratizar la sociedad, pero una vez más bajo los intereses de la élite.
A partir de este corte histórico, empezaron a surgir testimonios y fuentes escritas para entender los “orígenes de la maldad”. Para ello, se debe tomar en cuenta cuatro momentos importantes en el que se desarrollaron investigaciones que sirvieron para denunciar y velar por las víctimas de la violencia. El primer momento, consiste en “conocer” el tiempo de guerra interna y desaparición forzada a través de ciertas lecturas obligadas y éstas son: Política institucional hacia el desplazamiento interno de COLVAN (1990), El recurso del miedo de Carlos Figueroa (1991), Cosechas de Violencia de Robert M. Carmock (1991) y Masacres de la selva de Ricardo Falla (1984). Se trata de documentos medulares que nos narran el genocidio que sufrieron los indígenas y trabajadores durante las dictaduras, además de analizar, por ejemplo, la resistencia y el desplazamiento forzado de los Ixcán provocado por el ejército. Esto no queda allí. Estas reflexiones, dieron lugar al debate y surgimiento de obras como: Para salvarla. La desaparición y liberación de Maritza Urrutía de Dan Saxon (2017), La tortura de Olga Paz (2004), The Guatemalan Military Proyect de Jennifer Schirmer (1999) y Los pelotones de la muerte de Manolo Vera (2014), cuyos aportes son sustanciales para el esclarecimiento de los traumas políticos que laceraron a la sociedad guatemalteca.
El segundo momento, tiene que ver con “proclamar” y resaltar el papel de la iglesia para reconquistar la memoria. Esta institución, en 1988, lanzaría un documento Guatemala, nunca más, que permitía abrir un ciclo de discusiones sobre los hallazgos encontrados entre 1981 y 1983. A esto, se suma la creación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) y la publicación de un informe bastante conocido: Guatemala, memoria del silencio (1999). Estas contribuciones fueron primordiales para llevar a cabo un proceso de búsqueda de desaparecidos y justicia por actos de genocidio perpetrados en contra de las comunidades Maya-chuj, Maya-q’anjob’al, Maya-ixil, Maya-k’iche’ y Maya-achí. Ante ello, es importante destacar que las pesquisas de esta Comisión fueron alentadoras para que se realicen trabajos en torno al quiebre y las garantías de los derechos humanos en América Latina.El manuscrito de Raquel Hatcher en The power of memory and violence in Central America (2018) es una evidencia a resaltar. También, se encuentran otras propuestas como las difundidas por Patrick Ball, Paul Kobrack y Herbert Spirer en Violencia institucional en Guatemala, 1960 a 1996. Una reflexión cuantitativa (1999). Ellos proponen una lectura sistemática y atenta sobre la violencia y la desaparición forzada en relación al comportamiento del Estado y su papel para restablecer el orden social. El tercer y cuarto momento radica en “descubrir” y “buscar justicia”. Para entender este tiempo de indagaciones, es necesario considerar que en el 2005 se encontraron más de 80 millones de documentos de la Policía Nacional perteneciente a los años de 1881 a 1997. Ciertamente, este hallazgo estimula el estudio sobre el pasado guatemalteco, así como la lucha por justicia y verdad.
Indiscutiblemente, el libro es una batalla contra la historia oficial y el olvido. Los escuadrones de muerte como dispositivos de represión, la política de guerra, la doctrina militar y los llamados “centros de detención adecuado” son sólo algunos de los temas analizados por Rachel L. Hatcher, Carlota McAllister, Marc Drouin, Marco Tulio Álvarez, Sonja Perkič-Krempl, entre otros, quienes nos ofrecen una mirada penetrante y cercana a los hechos con la intención de develar la desaparición forzada y recuperar los ideales de la res-pública. La tarea no es nada fácil y más cuando el presidente de las izquierdas, Bernando Arévalo (2024), debe enfrentarse al Pacto de Corruptos de empresarios, políticos y élites que se encuentran en el Congreso y en diversos estamentos del aparato estatal.
