Por el presunto delito contra la libertad s3xu4l

Una grave denuncia ha sido interpuesta contra Abel Serna Herrera, alcalde provincial de Andahuaylas, por el presunto delito de vi0*l4ción s3xu4l en agravio de una extrabajadora de la municipalidad. La denuncia fue presentada el pasado viernes 17 de enero de 2025 ante el Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) de Andahuaylas.

Según lo manifestado, los hechos habrían ocurrido en febrero de 2024, cuando la denunciante retornaba de la festividad del Tikapallana en Tambobamba, provincia de Cotabambas, como parte de una comitiva de la municipalidad.

La mujer, de 33 años, declaró que habría sido dopada y luego 4bus4d4 s3xu4lm3nte en un hotel de la provincia de Anta, Cusco, donde se alojaron tras su regreso de Tambobamba. Según su testimonio, el abuso habría ocurrido en una reunión en la que inicialmente participaban otras dos funcionarias, pero que abandonaron la habitación, dejándola sola.

❞𝐏𝐞𝐧𝐬𝐞́ 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐫𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐞𝐬𝐚𝐝𝐢𝐥𝐥𝐚❞

En su relato, la víctima señaló que, tras consumir unos sorbos de cerveza, comenzó a sentirse desorientada. Al recobrar el conocimiento, se percató de que estaba siendo 4bus4d4 s3x*ualm3nte. Además, denunció que desde entonces ha sido víctima de amenazas y hostigamiento por parte de personas cercanas al alcalde.

“He decidido hacer esta denuncia porque no puedo seguir viviendo así. Pensé que me dejarían tranquila, pero siguen amenazándome. Tengo derecho a vivir, no he hecho nada malo”, expresó.

El caso ha sido derivado al Centro de Emergencia Mujer de Talavera, donde la agraviada será sometida a evaluaciones psicológicas y médico-legales.

𝐋𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞

Tras hacerse pública la denuncia, el alcalde Abel Serna negó las acusaciones a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. Serna calificó la denuncia como una “calumnia y difamación” y aseguró que se trata de una “guerra sucia” con tintes políticos.

“No permitiré que se manche mi buen nombre y reputación, bien ganado durante años de trabajo intachable”, sostuvo. Asimismo, solicitó que las autoridades lo notifiquen formalmente para ejercer su defensa y anunció que tomará medidas legales contra quienes, según él, estarían detrás de estas acusaciones.

𝐀𝐧𝐚́𝐥𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬

Más allá de la denuncia en sí, este caso pone de relieve temas de gran relevancia social y política. En primer lugar, resalta la importancia de una investigación imparcial que permita esclarecer los hechos sin influencias externas. Las acusaciones de este tipo, especialmente cuando involucran a figuras públicas, suelen generar divisiones en la opinión pública y un riesgo de revictimización de la denunciante, algo que como sociedad se debe evitar.

Por otro lado, resulta crucial no utilizar este tipo de situaciones como herramientas de beneficio político. La instrumentalización de las denuncias de violencia s3x4al con fines electorales o de desprestigio no solo es irresponsable, sino que también desvirtúa la lucha por la justicia y el respeto a los derechos humanos.

Es importante recordar que ninguna de las partes debe ser juzgada ni sentenciada por la opinión pública mientras las investigaciones estén en curso. La presunción de inocencia del imputado debe respetarse, al igual que el derecho de la víctima a ser escuchada y protegida.

La resolución de este caso será clave para demostrar el compromiso de las instituciones en la lucha contra la violencia s3x4l y la impunidad, especialmente cuando los acusados ocupan cargos de poder. Como sociedad, debemos exigir transparencia y profesionalismo en el proceso judicial, al tiempo que evitamos los prejuicios, estigmas y comentarios inapropiados que solo desmotivan a otras víctimas a denunciar.

Este caso nos recuerda la responsabilidad colectiva de garantizar un ambiente seguro, donde las denuncias se traten con seriedad y respeto, sin dejar espacio para el oportunismo político ni los juicios apresurados.