Carlos Iván landa Kerschbaumer

La presidenta  de la república Dina Boluarte, desde los Estados Unidos donde cumple labores de jefa de Estado  ante la ONU anunció aplicar el estado de emergencia en los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martin de Porras y la Región Piura, respectivamente, sobrecogiéndose así a los hechos criminales que dejaron heridos en dos discotecas por efectos de detonación de  explosivos.

Lo que no ha dicho el gobierno, cómo será la participación de las fuerzas armadas habida cuenta que no existe una legislación que le de soporte a su actuación ante hechos violentos, para algunos comunicadores el ejército y otros, no tienen las armas legales que procuren su presencia, pues hasta hoy es de acompañamiento pues sin base legal no está preparada ni autorizada  para actuar.

Entre tanto, los atentados de los últimos días, uno tras otro, ha puesto “las barbas en remojo” del gobierno a tal punto que se impuso la suspensión de algunas garantías constitucionales de la población que se expresan en el decreto supremo a publicarse en el diario El peruano, lo que demandará que la policía pueda ingresar a cualquier domicilio sin comunicación previa a fiscalías.

De esta manera los efectivos resguardarán la ciudad protegiendo a la ciudadanía de los hechos vandálicos que perpetren las bandas criminales, que habrían puesto precio a los artistas que participan en veladas musicales con participación de grandes masas de público, como sabemos a través  de extorsión, los criminales vienen causando terror a sus víctimas exigiendo pago de cupos.

La emergencia que asume el gobierno, es el corolario de la incapacidad manifiesta por las fuerzas del orden en la lucha por restaurar la paz de los peruanos atacados en muchos casos por delincuentes a bordo de motos lineales, los cuales actúan a basta y paciencia de las autoridades por efectos de la falta de un plan contra el crimen organizado que genera espanto a la población.

Para muchos expertos la situación que vive el país ha tocado fondo, por lo cual se exige la intervención de las fuerzas armadas para apoyar a la policía nacional en su lucha contra la delincuencia para lo cual se requiere que nuestros efectivos estén preparados y posean las herramientas necesarias para enfrentar al delito,  situación que aún no genera buenos resultados.

Mientras en la sede de la ONU en los Estados Unidos la presidenta Dina Boluarte asiste para dilucidar con otras naciones respecto a temas de Estado y tiene que lidiar  con presidentes de extrema izquierda, liberales y otros, continúa el descontento popular de parte de residentes en el país de los rascacielos, por efectos de los muertos del pasado a través de pancartas de protestas.

Lo cual no debe extrañar porque las acciones del gobierno en la lucha contra los desadaptados y violentistas  que perpetraron furibundos ataques a  bienes e instituciones del Estado no han sido suficientemente aclaradas, por lo cual continúan las heridas abiertas  ante la inconclusa situación que debe investigar la fiscalía y que no tiene límite, los hechos siguen estando vigentes en el país.

De otro lado, en el congreso de la república, la bancada de Perú Libre realizó un llamado a los actores políticos y la población a defender las riquezas de todos los peruanos, una situación que estuvo presente fue el tema de Petroperú, que no puede ser una maquinita de hacer dinero para recuperar las arcas vacías de Perúpetro el gobierno  le dijo no y esta vez sí que hubo coincidencias.