En audiencia realizada en la ciudad de Abancay el último sábado

Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Abancay de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, a cargo del Dr. Carlos Frisancho Enriquez, dictó 9 meses de prisión preventiva contra el policía de tránsito, Roque Carlin Surichaqui Taipe, por haber solicitado a un taxista la suma de 50 soles para no aplicarle una papeleta de tránsito.

En una audiencia realizada el último sábado, Surichaqui Taipe fue acusado por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de delitos cometidos por funcionarios públicos, sub tipo de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 395°-A del Código Penal.

Respecto a los hechos, el Ministerio Público, sustento que los actos irregulares ocurrieron en horas de la tarde del 24 de febrero de 2022 en la ciudad de Abancay, cuando el efectivo policial intervino al denunciante que no tenía puesto el cinturón de seguridad y le indicó que había cometido una infracción de tránsito procediendo a solicitar sus documentos del vehículo y expresando que lo llevaría al depósito municipal.

Ante la negativa del conductor a dar el monto inicial solicitado por el policía, ya que aducía que no tenía ese dinero, el policía tomo los documentos del vehículo y le dio su número de celular, manifestando que le llame cuando tenga el monto para devolverle sus documentos.

Por lo que el taxista dio cuenta a las autoridades de este irregular hecho y en horas de la noche pactó un encuentro, lugar donde se consumó el hecho de corrupción y su detención posterior.

Luego el personal del Ministerio Público junto al personal policial de la DIRCOCOR en la intervención al imputado Sub Oficial PNP Roque Carlin Surichaqui Taipe, se halló en su bolsillo superior derecho un billete de 50 soles y entre otros, monto que fue entregado por el denunciante (conforme la prueba de luminol y fotocopiado de dinero).

En efecto, en la audiencia que duró más de seis horas, el magistrado de turno refirió que los actos conllevan a la violación de sus obligaciones derivadas de la función policial, por haber puesto en peligro el correcto y normal funcionamiento de la administración pública y además sustentó que se cumple con los presupuestos jurídicos para dictar una medida de prisión preventiva.