DINA BOLUARTE Y LA REORGANIZACIÓN DE LA DERECHA

Por: John Kenny Acuña Villavicencio (Profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero)

No hace mucho que el canciller Javier González-Olaechea se pronunció en la OEA contra las elecciones de Venezuela realizadas el 28 de julio de este año, día de la independencia peruana. Durante su intervención, además de denunciar a los mandatarios que apoyaban y se abstenían de cuestionar al régimen de Maduro, fue increpado por una simpatizante del país caribeño que denunciaba a Boluarte como asesina y exigía la liberación de Pedro Castillo. En su defensa el canciller indicó que la presidenta había ascendido democráticamente al poder y que la Constitución de 1993 lo permitía. Sólo le faltaba decir que la masacre de los manifestantes de diciembre del 2022 y enero del 2023 se debía a una respuesta necesaria para garantizar las relaciones sociales y el trabajo y, además, se trataba de una acción legitimada por una Carta Magna que fue resultado de un autogolpe de Estado.

Aunque esto no haya sido así, el hecho es que en el fondo no se discutieron aspectos éticos o el deber ser de la política internacional, sino el cinismo de los estados para garantizar aquello que necesita el capital, es decir, la estabilidad social. Como bien dice el reconocido filósofo, Žižek: Lo saben, pero lo hacen. Los que se encuentran en el poder se dan cuenta de esta necesidad y, en consecuencia, deben actuar en contra de la mayoría del pueblo. Beneficiarse, encubrir, hacer alianzas o negar la decadencia de la democracia es sólo una muestra del cinismo que existe. Prueba de ello, es la insistencia de la presidenta y los burócratas que la apoyan de que las cosas no van tan mal a pesar de que, según la encuesta del IEP de mayo del 2024, el 95% de la población los desaprueba. Es más, hace unos días Oscorima, el wayky de Boluarte y gobernador de Ayacucho, casi fue linchado en Huamanga por los manifestantes que cuestionan la presencia de la minería en la cuenca del Razuhuillca. Estas acciones colectivas tienen toda justificación y más cuando la Fiscalía de la Nación ordenó no hace mucho que se archive la denuncia por genocidio contra la actual mandataria.

Lo que acontece nos debe llamar la atención, puesto que bajo el régimen de Boluarte no hay manera de que se cumplan las exigencias del pueblo y, mucho menos, se logre justicia, al contrario, lo que se impone es el olvido y la impunidad. Esto nos recuerda a la dictadura de Fujimori que fue consumada el 5 de abril de 1992 con la intención de reorganizar la sociedad para los intereses particulares y empresariales. Durante esta época fue controlada el Congreso y el Poder Judicial, además se impuso el estado de excepción en tanto norma y exterminio del Otro. En suma, hubo un “pacto de corruptos” que se encargó de diezmar al país y, hoy, está siendo puesto vigencia por la derecha radical encabezada por el fujimorismo que se encuentra en el congreso.

Cabe aclarar que esta categoría ha tenido una resonancia muy fuerte en Guatemala. Como se sabe, luego de que Jimmy Morales (2016-2020) dejara el cargo como presidente y fuese elegido diputado durante el gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024), modificó junto a otros las normas penales para que no sea inculpado por haber recibido dinero fraudulento durante las elecciones de septiembre de 2015. Esta maniobra es herencia de los autoritarismos y de la fragilidad de las democracias en América Latina. Boluarte es un claro ejemplo de esta historia y, además, la figura que necesita la derecha para respaldar los proyectos neoliberales y enquistarse en el poder. Es tanto así que, a la fecha, no sólo han sido modificadas más de 50 normas constitucionales, sino que también fue aprobada la Ley 6951 que prescribe los crímenes de guerra y lesa humanidad desarrollados durante el conflicto armado de los años ochenta y noventa. Lo dicho no queda allí, el mismo Tribunal que acaba de archivar la denuncia contra Boluarte indultó a Fujimori. Esto fue motivo para que el Parlamento le otorgue una pensión cuando en realidad la Constitución indica que los presidentes inculpados constitucionalmente no pueden recibir este beneficio.

El horizonte parece ser lejano desde que se impuso la dictadura de Fujimori y con él la razón neoliberal. Los opinólogos y la derecha recalcan en los medios de comunicación que no hay otra alternativa más que el mercado. Pero, ¿qué tan cierto es esta afirmación? Si bien existe paradójicamente un régimen autoritario que opera y sostiene ser democrático como enfatizó González-Olaechea en la OEA, lo cierto es que van surgiendo otras formas políticas radicales (de derecha e izquierda) que encuentran aceptación en la sociedad. No sería nada extraño en el buen sentido borgiano que se repita la pesadilla de las últimas elecciones de abril del 2021, fecha en la que Castillo y Keiko Fujimori expresaron dos extremos distintos y regiones contrapuestas.