Escribe: Juan Sheput
Cuando el 16 de octubre de 1998 fue detenido en Londres Augusto Pinochet, algo que llamó la atención fue la movilización total del gobierno del socialista Eduardo Frei para evitar que sea enviado a España donde sería juzgado. La determinación del presidente de Chile, quien participó activamente en esto, junto a empresarios y otros políticos de izquierda y derecha, fue determinante para evitar este traslado. La delegación de la SOFOFA (la Confiep chilena) que se trasladó a Londres para manifestar su solidaridad con Pinochet fue del más alto nivel. Igual en lo político. José Miguel Insulza y Juan Gabriel Valdéz miembros del MAPU de Chile estuvieron entre los políticos que activamente se enfrentaron a los intentos de trasladar a Pinochet a España. En el camino hubo enfrentamientos con Amnistía Internacional y organismos de derechos humanos. Al final, Pinochet no fue a España y luego de 503 días regresó a Chile.
Los estudiosos de esa época, reunidos en los prestigiosos think tanks chilenos, señalan que Chile no podía sacrificar su transición. Que la gobernabilidad del país estaba primero. De esto último recuerdo haberlo leído en declaraciones del mismo Ricardo Lagos, en ese entonces candidato a la presidencia chilena. Se argumentaba, en términos generales, que las entidades y organismos internacionales no podían entrometerse en asuntos internos chilenos. La orden de captura del juez español Baltazar Garzón encontró respuesta en los políticos sureños que defendían las decisiones de sus tribunales y el derecho de ellos a decidir el destino de Pinochet. El 2 de marzo del 2000 Jack Straw, ministro del Interior británico, lo liberó, declarando que en función de sus recientes exámenes médicos, Pinochet no estaba en condiciones de ser juzgado. En el interín se supo que la Santa Sede también había pedido su liberación argumentando razones de salud, humanitarias.
No hay punto de comparación entre las acusaciones y delitos cometidos tanto por Pinochet como por Alberto Fujimori. Es lamentable el hecho que haya víctimas, independientemente del número de ellas, todas son dignas de respeto y afectación. Pero los países deben saber dar la vuelta de página, entender que hay asuntos y temas que deben cerrarse y no permanecer, en conjunto con entidades que viven de poner líneas rojas a sus adversarios, empeñados en que las heridas no se cierren.
Alberto Fujimori ha cometido delitos, es cierto. Pero ha sido indultado, por Pedro Pablo Kuzcynski y esa es una atribución constitucional. El Perú tiene derecho para hacer respetar sus decisiones soberanas, pero eso depende del carácter de sus políticos. Estamos siendo testigos de un ensañamiento ante el cual es preciso levantar la voz. Nuestra izquierda, infantil y mediocre, se empeña en no cerrar heridas. No tiene otro discurso que el antifujimorismo.
