Por: Carlos Iván Landa Kerschbaumer
Lo que ha pasado en la última semana, nos llama a reflexión a todos, porque no es posible que una plataforma de lucha de los transportistas de carga y demás reclamantes, como los agricultores, incluso de terceros, por efectos del alza de combustibles e incrementos de costo de productos de consumo popular, haya derivado en hechos inesperados como los saqueos y vandalismos insólitos.
Una vez más los peruanos fueron testigos de muertes de personas, por efectos de la violencia o accidentes de tránsito, durante las trifulcas y desmanes de los protestantes que enfrentaron al gobierno exigiendo derechos de promesas incumplidas, en el caso del transporte, las exigencias se han venido dando incluso desde el año pasado, con Castillo en el poder y sus incapaces ministros.
Encierro domiciliario. El gobierno justificó la medida de inmovilidad dirigida a ciudadanos de Lima y Callao anunciada a las 11.40 del lunes, tras haber recibido información de inteligencia de posibles saqueos y vandalismo en ambas jurisdicciones, el congreso recibió a Pedro Castillo y sus ministros en busca de soluciones, empero no tenían argumentos sólidos para salir de la situación.
Los voceros del gobierno, durante los recientes hechos, demostraron incapacidad o pecaron de ingenuidad cuando creyeron que tenían la situación controlada, o esperaban que esto se iba a dar paso a paso, es decir, seguir negociando poco a poco con los demás dirigentes algo que no pasó, la reacción fue generación de más violencia, al tema de Huancayo, se unió Huánuco, Huaura y otros.
El gobierno se dejó estar en esta situación, reaccionó muy tarde, creyendo que la protesta se disolvería tras los diálogos y acuerdos con algunos gremios, pero como ha venido ocurriendo cada vez que se busca una conciliación, los resultados no son los esperados, porque se dialoga con las organizaciones más permisibles, dejándose de lado a los más poderosos, negándose los acuerdos.
A instancias del congreso, se lograron proyectos para que se conviertan en ley, de manera que el gobierno tenga las armas que le permitan asumir gastos de los impuestos para derivarlos al bien común, con un detrimento de 300 millones mensuales, de manera temporal, lo que no pudo evitar el gobierno fue el desacato de la inmovilidad de una turba que intentó llegar al congreso nacional.
Las jornadas de protesta que se han perpetrado en los últimos años en diversas ciudades del interior del país, se han vuelto irrefrenables para nuestras autoridades, pues ante las críticas y acusaciones, por efectos de la violencia, como consecuencia de bombas lacrimógenas, perdigones o balas disparadas por efectivos policiales y ante la presión social, hoy evitan responsabilizarse.
Cuando entran al “modo demencia”, los protestantes lanzan piedras, rompen cristales, roban computadoras, incendian locales, campamentos, empresas, no les interesa las consecuencias de sus despropósitos, lo insólito es que tras los hechos ocurridos exigen a las autoridades no criminalizar las protestas y quedar bien librados, al final les perdonan y les borran los atestados.
