Fiscalía de Derechos Humanos recaba información sobre denuncias que involucran supuestos abusos físicos y psicológicos durante el proceso de instrucción militar
Una investigación fiscal busca esclarecer una serie de denuncias sobre presuntos actos de maltrato que habrían ocurrido al interior de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), ubicada en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito limeño de Surco. Los hechos, dados a conocer recientemente a través de un reportaje periodístico, involucran a cadetes que ingresaron durante el presente año y que habrían sido sometidos a prácticas que actualmente son materia de evaluación por parte de las autoridades competentes.
De acuerdo con la información difundida, familiares de algunos aspirantes denunciaron que los jóvenes habrían experimentado diversas situaciones que incluyen presuntos excesos durante los entrenamientos, humillaciones, castigos físicos y otros actos que, según sostienen, habrían afectado su integridad física y emocional.
Entre los hechos reportados figuran supuestas aplicaciones forzadas de sustancias irritantes en determinadas partes del cuerpo, ejercicios de alta exigencia física realizados bajo presión constante, así como insultos y otras prácticas consideradas degradantes por quienes formularon las denuncias. Asimismo, algunos testimonios señalan que determinados alumnos habrían sido expuestos a procedimientos que simulaban situaciones de asfixia mediante la aplicación de agua en el rostro.
Según las versiones recogidas por el reportaje, algunos jóvenes habrían presentado lesiones temporales, inflamaciones y cuadros de estrés derivados de las experiencias vividas durante las primeras semanas de formación militar. Estas afirmaciones forman parte de la investigación en curso y deberán ser corroboradas mediante las diligencias correspondientes.
Otro aspecto que viene siendo analizado es la presunta participación de estudiantes de ciclos superiores en actividades de supervisión y entrenamiento. Las indagaciones preliminares buscan determinar si existieron responsabilidades individuales o posibles deficiencias en los mecanismos internos de control y vigilancia dentro de la institución castrense.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, ha iniciado diligencias orientadas a recopilar evidencia documental y testimonial. Entre las acciones solicitadas figuran la revisión de registros médicos, videos de seguridad, partes internos y documentación relacionada con las actividades desarrolladas durante el periodo investigado.
Asimismo, trascendió que algunos alumnos decidieron solicitar su retiro de la institución durante las primeras semanas de instrucción. Las autoridades fiscales buscan establecer si dichas decisiones guardan relación directa con los hechos denunciados o responden a otros factores propios de la exigencia de la formación militar.
Por su parte, la Fuerza Aérea del Perú ha señalado públicamente su disposición para colaborar con las investigaciones y brindar las facilidades necesarias a las autoridades competentes. La institución ha manifestado que mantiene una política de respeto a los derechos fundamentales de sus integrantes y que cualquier conducta contraria a los reglamentos será evaluada conforme a los procedimientos establecidos.
Fuentes vinculadas al caso indicaron que dos personas señaladas preliminarmente en las denuncias habrían sido apartadas de determinadas funciones mientras continúan las investigaciones. Sin embargo, hasta el momento no existe pronunciamiento fiscal definitivo ni resolución judicial que determine responsabilidades.
Especialistas en derechos humanos consultados por diversos medios han señalado que este tipo de casos requieren investigaciones exhaustivas y objetivas, debido a que involucran tanto la protección de los derechos de los jóvenes en formación como la necesidad de garantizar el debido proceso para todas las personas involucradas.
Mientras continúan las diligencias, las autoridades deberán establecer si los hechos denunciados corresponden a prácticas aisladas, excesos individuales o si existirían elementos suficientes para determinar la existencia de un patrón de conductas incompatibles con los estándares de formación militar y respeto a los derechos humanos.
Por ahora, todas las denuncias permanecen en etapa de investigación y serán las instancias competentes las encargadas de determinar responsabilidades, de existir estas, conforme a la legislación vigente y al debido proceso.
Fte: Lupa
