El excomandante general de la PNP falleció a los 60 años cuando enfrentaba una acusación fiscal que solicitaba 35 años de prisión por presunta responsabilidad en los hechos que terminaron con la vida del joven apurimeño.
La muerte del excomandante general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Alfaro Alvarado, ocurrida el miércoles 30 de setiembre a los 60 años, vuelve a colocar en el centro del debate uno de los episodios más dolorosos de las protestas sociales registradas en Apurímac durante 2023.
Alfaro falleció cuando enfrentaba una acusación del Ministerio Público relacionada con la muerte de Denilson Huaraca Vilchez, joven de 22 años que perdió la vida el 9 de febrero de 2023 durante las manifestaciones sociales en la región. La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo había solicitado 35 años de prisión efectiva contra Alfaro y otros investigados por el presunto delito de homicidio calificado con alevosía.
Pero hay un punto fundamental que no puede perderse de vista: la acusación fiscal no equivale a una condena. Hasta el momento de su fallecimiento, Raúl Alfaro no había recibido una sentencia que estableciera responsabilidad penal por estos hechos. Por ello, cualquier señalamiento debe mantenerse dentro del ámbito de la presunción y de lo que corresponde determinar a la justicia.
DENILSON HUARACA, UNA MUERTE QUE SIGUE ESPERANDO RESPUESTAS
De acuerdo con la investigación fiscal, el 9 de febrero de 2023 un grupo de ciudadanos se desplazaba hacia Challhuanca para participar en una movilización. Tras quedar impedidos de continuar su recorrido por un bloqueo de la carretera, emprendieron el retorno.
Según la tesis del Ministerio Público, cuando el grupo se encontraba por el sector Siete Vueltas, en Aymaraes, se produjeron disparos efectuados por agentes del orden contra los vehículos en los que viajaban los manifestantes. Como consecuencia, Denilson Huaraca recibió impactos de bala que le ocasionaron la muerte. Otros cuatro ciudadanos también resultaron heridos, según la acusación.
La Fiscalía sostuvo que los altos mandos policiales investigados tendrían responsabilidad por su actuación en relación con los planes y operaciones desplegados durante las protestas. En el caso de Alfaro, el Ministerio Público solicitó la pena máxima de 35 años, además de una inhabilitación.
El proceso, sin embargo, no llegó a una conclusión judicial respecto de Alfaro antes de su muerte.
OTRAS INVESTIGACIONES EN EL MARCO DE LAS PROTESTAS
El caso de Huaraca no fue el único cuestionamiento relacionado con la actuación policial durante aquel periodo. Según información difundida tras su fallecimiento, Alfaro también había sido investigado en relación con otros hechos ocurridos durante las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte.
La dimensión de estas investigaciones vuelve a plantear una pregunta que permanece abierta para las instituciones encargadas de administrar justicia: ¿qué ocurrió realmente durante aquellos operativos y quiénes tuvieron responsabilidad individual en las muertes y lesiones registradas?
La respuesta no corresponde a una sentencia periodística ni a una conclusión política. Corresponde a las autoridades judiciales, sobre la base de pruebas, investigaciones y garantías del debido proceso.
UNA FIGURA CLAVE EN LA CRISIS POLÍTICA DE 2022
Raúl Alfaro también quedó registrado en la historia política reciente del país por su actuación durante la crisis del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso y otras medidas que fueron consideradas un quiebre constitucional.
Alfaro se encontraba al frente de la Policía Nacional y posteriormente declaró que dispuso acciones para detener a Castillo al considerar que se había producido un delito flagrante. Su actuación durante aquella jornada fue posteriormente materia de declaración dentro del proceso judicial contra el expresidente.
De esta manera, su trayectoria pública queda vinculada a dos momentos particularmente sensibles de la historia reciente del Perú: la crisis política de diciembre de 2022 y las protestas sociales que dejaron muertos y heridos en distintas regiones durante los meses posteriores.
LA MUERTE NO CIERRA LAS PREGUNTAS
El fallecimiento de un investigado extingue las posibilidades de continuar un proceso penal en su contra en los términos que establece la ley, pero no necesariamente borra los hechos que fueron materia de investigación ni las preguntas pendientes sobre lo ocurrido.
En el caso de Denilson Huaraca, la familia y la sociedad tienen derecho a conocer qué sucedió, mientras que los demás investigados deberán afrontar sus respectivos procesos conforme a las decisiones de las autoridades competentes.
La justicia, precisamente, debe establecer responsabilidades individuales a partir de pruebas y no de presiones políticas o sociales.
Raúl Alfaro murió sin que un tribunal estableciera su responsabilidad penal en los hechos por los cuales fue acusado. Queda, por tanto, una investigación que forma parte de una historia aún inconclusa para las víctimas de las protestas de Apurímac y para una sociedad que reclama verdad, justicia y garantías de no repetición.
La muerte del exjefe policial cierra una etapa personal, pero no necesariamente las interrogantes que dejó uno de los episodios más controvertidos de las protestas sociales en Apurímac.
