Fiscalía investiga un crimen que habría sido motivado por un conflicto relacionado con S/ 20 mil y un acuerdo minero.
Fiscalía sostiene que el crimen habría sido planificado tras un conflicto por S/ 20 mil vinculados a un supuesto acuerdo minero. Otros dos investigados cumplirán comparecencia con restricciones.
Una investigación fiscal por un presunto caso de sicariato en la provincia de Andahuaylas derivó en la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra tres personas, mientras que otras dos afrontarán el proceso bajo comparecencia con restricciones. La medida fue obtenida por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Andahuaylas, que atribuye a los investigados una presunta participación en la planificación y ejecución de un homicidio.
Los investigados contra quienes se dictó prisión preventiva son Carlos Díaz Osorio, Franklin Rubén Buleje Guizado y Jean Pierre Pedro Hurtado Pantoja. En tanto, Flor Matilde Alanya Gonzales y Francis Edward Ramos del Pozo deberán cumplir comparecencia con restricciones, conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el caso tendría como antecedente una entrega de 20 mil soles realizada por Carlos Díaz Osorio a Yuber Salazar Flores. El dinero habría sido entregado como adelanto para que la madre del joven suscribiera un convenio relacionado con una actividad minera.
Sin embargo, el acuerdo no llegó a concretarse. Según la investigación, Salazar Flores no habría devuelto el dinero debido a que lo utilizó para adquirir una camioneta. Esta situación habría desencadenado un conflicto que, de acuerdo con la tesis del Ministerio Público, terminó convirtiéndose en el motivo para organizar el presunto homicidio.
INVESTIGACIÓN APUNTA A UNA PRESUNTA PLANIFICACIÓN
La Fiscalía sostiene que Díaz Osorio habría encargado la muerte de Salazar Flores a Jean Pierre Pedro Hurtado Pantoja y Franklin Rubén Buleje Guizado. Estos últimos, presuntamente, habrían involucrado también a Flor Matilde Alanya Gonzales y Francis Edward Ramos del Pozo en las coordinaciones relacionadas con el hecho.
Como parte de la reconstrucción fiscal, se habrían identificado comunicaciones telefónicas entre los investigados y una presunta distribución de funciones antes y después del crimen.
Según los elementos reunidos durante las diligencias, la víctima habría sido interceptada en el distrito de Talavera, donde presuntamente fue reducida mediante agresiones físicas y trasladada contra su voluntad hacia un lugar alejado de la zona urbana.
La investigación ubica el desenlace en el sector de Huayrapata. En ese lugar, de acuerdo con la imputación fiscal, el joven habría sido atacado con disparos de arma de fuego, perdiendo la vida. Posteriormente, su cuerpo habría sido ocultado entre la vegetación del sector.
CAMIONETA HABRÍA SIDO TRASLADADA AL VRAEM
Otro aspecto considerado por el Ministerio Público está relacionado con el vehículo que pertenecía a la víctima. Tras el presunto homicidio, los investigados habrían mantenido comunicación con quien es señalado como supuesto autor intelectual del hecho y, posteriormente, la camioneta habría sido trasladada hacia el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), con la finalidad de comercializarla.
El cuerpo de Salazar Flores fue encontrado al día siguiente por pobladores de Pumacuri. Según el resultado de la necropsia citado en la investigación, el fallecimiento se produjo por lesiones cerebrales y pulmonares ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.
FISCALÍA RECONSTRUYÓ COMUNICACIONES Y RUTA DEL VEHÍCULO
El fiscal Jhon Yulmer Quispe Cinzano estuvo a cargo de las diligencias que permitieron reconstruir aspectos relevantes del caso. Entre los elementos investigados figuran las comunicaciones telefónicas atribuidas a los involucrados, así como el recorrido que habría seguido la camioneta después del crimen.
Para el Ministerio Público, estos elementos permitirían sostener, en esta etapa del proceso, la existencia de una presunta coordinación entre los investigados y una posible división de funciones en torno al homicidio.
La prisión preventiva por 18 meses busca asegurar la presencia de los tres investigados durante el desarrollo de la investigación y el proceso judicial, mientras se esclarecen las responsabilidades individuales. La situación de los otros dos investigados será evaluada bajo las condiciones y restricciones establecidas por la autoridad judicial.
El caso continúa en el ámbito de la justicia. Las imputaciones fiscales deberán ser esclarecidas en el proceso correspondiente y se mantiene vigente la presunción de inocencia de todas las personas investigadas mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
Con información del MP
