Operativo en Muyurina deja un detenido y una afectación económica de casi S/ 48 mil
Intervención se realizó en la carretera del centro poblado de Muyurina. Una persona fue detenida y las autoridades reportaron una afectación económica de S/ 47,985.50.
Un nuevo operativo contra el presunto tráfico ilícito de drogas se desarrolló en la región Ayacucho. Agentes de la División de Maniobras contra el Tráfico Ilícito de Drogas del VRAEM intervinieron un vehículo en la carretera del centro poblado de Muyurina, donde se reportó el decomiso de 14 kilos con 460 gramos de clorhidrato de cocaína.

La intervención se realizó el 26 de octubre de 2026, como parte de las acciones de interdicción ejecutadas por las fuerzas policiales para combatir el traslado y la distribución de sustancias ilícitas en esta zona del país.
UN DETENIDO TRAS LA INTERVENCIÓN
De acuerdo con la información difundida sobre el operativo, el vehículo intervenido estaría presuntamente vinculado al traslado de sustancias ilícitas. Como resultado de la acción policial, una persona fue detenida y se procedió al decomiso de la sustancia reportada como clorhidrato de cocaína, cuyo peso alcanzaría los 14.460 kilogramos.
Las autoridades también estimaron una afectación económica de S/ 47,985.50, monto que, según el reporte operativo, estaría relacionado con los resultados de esta intervención.
CONTINÚAN LAS ACCIONES DE INTERDICCIÓN
La Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (DIRANDRO) continúa desarrollando operativos orientados a detectar e intervenir presuntas actividades relacionadas con el tráfico ilícito de drogas. Estas acciones buscan dificultar el transporte de sustancias prohibidas y afectar las operaciones de quienes estarían involucrados en este tipo de actividades delictivas.
El caso deberá seguir su curso conforme a ley, con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la intervención y determinar las posibles responsabilidades.
Se debe precisar que la detención no constituye una declaración de culpabilidad. La persona intervenida mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.



