Proceso fue tramitado con el Código Penal de 1940
La Segunda Fiscalía Superior Penal de Abancay, obtuvo una sentencia de 30 años de cárcel contra Wilberth Nina Palomino, por el delito de violación de la libertad sexual en agravio de una menor de edad, por hechos ocurridos en el año 2007, en la localidad de Cachora, provincia de Abancay.
Según los hechos, tres sujetos abusaron de una menor de 13 años en la habitación de Nina Palomino, sustentó entre varias pruebas la acta de intervención inmediata de un efectivo policial y el juez de paz de Cachora que constataron inmediatamente el delito.
Uno de los implicados reconoció su responsabilidad penal, sometiéndose a la justicia y siendo condenado oportunamente.
Pese a la gravedad del delito y a la existencia de pruebas relevantes, el caso atravesó un prolongado y complejo itinerario judicial, registrándose decisiones absolutorias en los años 2014, 2018 y 2022, sustentadas en la falta de un fiscal al momento de realizar la acta de intervención.
Esta situación evidenció el riesgo real de impunidad, especialmente cuando ocurren en zonas rurales o de limitada presencia institucional. No obstante, la Corte Suprema de Justicia de la República estableció que el juez de paz ejerce función jurisdiccional y representa a la autoridad judicial en lugares donde no existe presencia permanente de la justicia ordinaria, otorgando validez a las actuaciones realizadas, criterio que resultó determinante para la condena final.
El proceso fue tramitado conforme al Código Penal de 1940, en atención a la fecha de los hechos, lo que implicó una mayor complejidad jurídica y procesal. Pese a ello, tras casi treinta años de persistente labor fiscal, se logró la condena que reafirma que los delitos de violencia sexual no deben ni pueden quedar impunes.
El Ministerio Público resalta la labor desarrollada en el presente caso, en estricto cumplimiento de la función constitucional del fiscal, así como la actuación de la fiscal, Mariella del Pilar Fiestas Quinto, Fiscal Superior Adjunta de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Abancay, reafirmando el deber institucional de proteger a las víctimas y combatir la impunidad.
