Por presunta difamación agravada interpuesta por la fiscal provincial provisional de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto
Los periodistas Ángel Gabriel Rosendo Chanamé Valcárcel, director de Iquitos Informa; Abraham Rodríguez Vásquez director del Alfa Romeo Noticias Iquitos; Delcar Roger Rosales Ramírez, Iquitos al Rojo Vivo; Nelson Ricardo Flores Salcedo, director de Lo que está pasando en Iquitos; y Fernando Rafael Tapia Coral, director de Semana Regional La Verdad de Loreto, afrontan una querella por presunta difamación agravada interpuesta por la fiscal provincial provisional de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto, Celina Ysabel Otero Amasifuén.
En declaraciones a la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el periodista Abraham Rodríguez informó que hoy, jueves 10 de setiembre a las 2 de la tarde, se realiza la continuación de la audiencia de juicio oral ante el Segundo Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto, a cargo de la jueza Karen Vanessa Ríos Guzmán, luego de haber sido citados formalmente para el inicio del juzgamiento el pasado 3 de setiembre.
La querella se originó a raíz de publicaciones difundidas en julio de 2025 que dieron cuenta de una alerta de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la cual calificó como inusuales las operaciones financieras vinculadas a la adquisición de dos camionetas por parte de la fiscal en un lapso menor a cinco meses: una Ford Territory valorizada en 29.490 dólares y una camioneta Geely, sumando un valor superior a los 130.000 soles.
En su escrito judicial, la fiscal Otero Amasifuén sostiene que los comunicadores vulneraron su honor y reputación al atribuirle falsamente un presunto desbalance patrimonial, asegurando que sus ingresos, adquisiciones y compromisos crediticios se encuentran plenamente acreditados en sus declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas ante el Ministerio Público.
Por estos hechos, la magistrada anticorrupción solicita una condena de tres años de prisión efectiva para los comunicadores, el pago de una reparación civil de 500 mil soles y el cese inmediato de las publicaciones referidas a su patrimonio.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP expresa su firme rechazo a este nuevo episodio de instrumentalización de la justicia para perseguir periodistas que informan sobre personajes de relevancia pública.
