A propósito de Puno y los acontecimientos políticos que allí suceden, estimo pertinente ensayar algunas reflexiones sobre la actuación que le toca al Estado, así como su responsabilidad ante la población. A diferencia del dicho de la Presidente, la región altiplánica sí es constitutiva del Perú. Jamás será un territorio que puede desangrarse ante la alucinante incuria del gobierno y la indiferencia generalizada. Puno habita en el corazón de los peruanos desde tiempos inmemoriales, allende que a fines del siglo XVIII –perteneciendo a la Audiencia de Charcas, jurisdicción conocida como el Alto Perú– pasó circunstancialmente al Virreinato del Rio de la Plata, por casi treinta años.
¿Qué duda cabe que Puno, como otros lugares del Perú ancestral, adolece de terribles carencias? Y que pese a sus aportes a la construcción de la nacionalidad (del gran lago provino el influjo civilizador andino y su máxima realización, el Incario), la Republica haya tenido un comportamiento históricamente mezquino. Existe, por lo tanto, una acumulada deuda republicana que debiera ser honrada con prontitud y eficacia.
Pero nada de esto, puede justificar las algazaras violentistas acaecidas los últimos meses. Si así fuera, ¿por qué no validar el terrorismo de Sendero Luminoso en un Ayacucho, objetivamente, más depredado e injusto que el Puno actual. El régimen democrático –que nuestros pueblos adoptaron voluntariamente y es ratificado con vehemencia cada vez que irrumpe una dictadura– condena a este tipo de respuestas subversivas, sin contemplación alguna. La fuerza democrática nace de la persuasión dialogada; nunca de la imposición brutal y abusiva.
En Puno todavía no hemos conocido una plataforma regional reivindicativa. Tampoco la organización social que condense las demandas poblacionales más sentidas; con sus líderes y autoridades correspondientes. En ese momento, el diálogo político se abrirá inexorablemente, porque atender las reclamaciones es un deber ineludible de un gobierno que adhiere a la democracia. Por el procedimiento democrático, que incluye las protestas sociales y movilizaciones callejeras, se irán dando soluciones a las exigencias planteadas. Mas no se reduce a trámites y negociaciones pacíficas. Implica también peleas arduas, perseverancia titánica e inmensos sacrificios, resumidos en el dicho popular: “sin luchas no hay victorias”.
La democracia, a diferencia de los sistemas totalitarios, posee la porosidad y la cintura para asimilar los conflictos, por duros que sean. Su ventaja consiste en encauzarlos y darles un curso que acaba en transacciones excluyentes de los maximalismos caprichosos. Y así un acuerdo, temporal nomás, es la apertura a la consecución de otros superiores. Pero la democracia, como cualquier otro sistema político, no concilia con los actos violentos, que tienden a destruirla. Por eso, defender la democracia con arrojo, es garantizar el desarrollo y bienestar para todos.
Escribe: Ángel Delgado Silva
