Carlos Iván Landa Kerschbaumer

Una lucha sin cuartel viene librando el Ministerio Público en su tarea de perseguir el delito, donde enfrenta incluso a los poderes del estado, con la inclusión de Pedro Castillo en la investigación preliminar, contra exautoridades como Juan Silva, Bruno Pacheco y los congresistas denominados “los niños”, estaría ocurriendo una pugna entre las normas legales y las normas constitucionales.

En ese contexto, a decir de expertos en materia penal, el presidente está protegido por las normas constitucionales que le hacen prácticamente intocable, pero este blindaje, no alcanzaría la acción de la justicia, puesto que la misma constitución permite al Ministerio Público desarrollar su labor de perseguir al delito, por lo cual el fiscal de la Nación, cumple con firmeza su tarea institucional.

La penalista Rommy Chang, incluso tiene la claridad de la distancia que existe entre las normas constitucionales y las normas judiciales, puesto que las primeras tienen que ver con las acciones políticas, mientras las segundas con las acciones de justicia que involucran a todos los peruanos, señala que el impedimento de salida del país o mandato de prisión preventiva alcanzaría a Castillo.

Empero para que esto ocurra tendrían que haber elementos suficientes que establezcan el involucramiento del mandatario en hechos criminales, como presidir una banda que realice ilícitos y perjudique a los bienes del estado, como ya ha ocurrido con alcaldes y gobernadores, que luego de comprobarse los hechos fueron detenidos y confinados en prisión junto a todos sus cómplices.

En tanto la actuación de los operadores de la justicia, respecto a los operadores del estado es significativa y desigual por la obstaculización a la justicia mediante leguleyadas y victimización que se viene dando a través de la defensa legal del presidente, quien como primer mandatario tiene todos los poderes para impedir que se cumpla la investigación y no pueda ejecutarse los objetivos.

Como sabemos, el estado posee los medios financieros suficientes para contratar a abogados y retrasar la acción de la justicia, no sería extraño que pese a las órdenes de captura que existen, esto no se consiga por efecto del poder de la PCM, que maneja el Ministerio del Interior, principal brazo del estado en el tema político, que controla a la policía nacional, por ende posee gran poder

Con todos estos antecedentes se hace muy complicado que un mandatario, sea respetuoso de la justicia y responda a un interrogatorio para que se ponga a un buen recaudo y esclarezca los actos de corrupción que vienen siendo investigados a su gobierno por el Ministerio Público a través de las fiscalías especializadas, el fiscal de la nación genera importante precedente con sus acciones.

En medio de esta situación, el exministro de Transportes Juan Silva pretende que el estado le pague S/. 350 mil soles para su defensa, refiriendo que las normas legales así lo establecen, empero no se trataría de la defensa de una gestión sino de acciones ilícitas, lo cual dejaría descolocado al exministro, lo que falta es que el estado pague a la defensa legal del mandatario.