Columna: La crónica del espejo
Por: John Kenny Acuña Villavicencio (Profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero)
Existe una fotografía de José Sotomayor, Marcha fúnebre, que retrata la manera en que el Estado se impuso ante el pueblo aymara de Juliaca, Puno, el 9 de enero del 2023. En él se observa una multitud enardecida que rodea los féretros y exclama justicia por el asesinato de 19 personas: hombres, mujeres y niños, quienes salieron a las calles para cuestionar el régimen de Dina Boluarte y la restauración de la clase política encabezada por el fujimorismo parlamentario, el 7 de diciembre del 2022. Fecha en la que Pedro Castillo anunciaba en cadena abierta el cierre del Congreso, así como el control del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional. Desde luego, este autogolpe de Estado no iba ser aceptado, en respuesta las fuerzas del orden lo detendrían y, horas después, sería vacado por el Congreso. Al igual que este acontecimiento, la imagen expuesta por Sotomayor parece sacado de una película de Costa-Gavras: Estado de sitio (1973). Los ataúdes apilados en la plaza de armas están ordenados de tal modo que nos anuncian el advenimiento de un ciclo de dominación que gira en torno a la economía y al “Falso Moralismo”.
Esta última consiste en otorgarle al humillado un lugar siempre y cuando acepte que no existe otro mundo más que el impuesto por la razón neoliberal. Este moralismo enfundado en el “Síndrome del Joker”, es decir, en aquel sujeto precario y sin posibilidad aparente en el reino del dinero fue la materia prima de la derecha, porque hizo de la necesidad el correlato perfecto para reorganizar la sociedad del espectáculo y el mercado (J. Souza, O pobre de direita: a vingança dos bastardos, 2024, Civilização Brasileira). En ese sentido, se puede argüir que en el Perú ésta llegó a instituirse por medio de un autogolpe, el 5 de abril de 1992, momento en el que Fujimori disolvió el Congreso e impuso la Constitución de 1993, la base jurídica que garantiza la tasa y el valor de cambio. El alemán más estudiado de todos los tiempos afirmaría que la historia se repite dos veces: primero como tragedia y luego como farsa. Desde luego: “¡No somos idiotas, no hace falta que nos lo digan dos veces!”, pero debemos desmontar el papel cínico de la élite (S. Žižek, Mis chistes, mi filosofía, 2014, Anagrama).
Mientras esto supone nuestro presente, sucede que el estallido popular de diciembre del 2022 y enero del 2023 fue una verdadera alegoría, puesto que impuso una temporalidad contraria al orden establecido. El descontento popular abrió el abismo y la posibilidad de desterrar el terror generado por el poder estatal. Es necesario recordar que la represión de las fuerzas policiales empezó en Andahuaylas, el 11 de diciembre del 2022, escenario de la “insurgencia popular” y donde más de 3 mil personas de origen campesino exigían el regreso de Pedro Castillo y Asamblea Constituyente. El resultado fue la muerte de 5 personas, entre ellos dos jóvenes, Romario (18) y David (15), ocasionado por instrumentos de guerra innecesarios e “ilegales” en este tipo de protestas. Esto provocó que la desobediencia popular se expandiera a Arequipa, Ica y Ayacucho, epicentro de la lucha armada maoísta en la década de los años ochenta. La indignación era inminente, el pueblo, es decir, madres de familia, campesinos, organizaciones de base, sindicatos, estudiantes y niños se movilizaban en Cajamarca, Trujillo, Huancavelica, Moquegua y Cusco. Como era de esperar, la presidenta Boluarte y Otárola, el Primer Ministro, no dudaron en convocar un “estado de excepción” permanente en el sur peruano y en todas las regiones donde había intentos de protesta.
En respuesta, el 9 de enero del 2023, los juliaqueños se manifestaron para exigir el cese al fuego en todo el país y, sin ninguna dirección o partido político al frente, empezaron a rebautizar la idea de rebeldía. Ya no se exigía como en tiempos de lucha de clases la “Muerte de los explotados”, sino más bien se exaltaba: “¡La vida por delante de todas las cosas!” (R. Vaneigem, Tratado de saber vivir para uso de las nuevas generaciones, 2018, Anagrama). Se trataba de un movimiento espontáneo, inenarrable para los especialistas e incluso para la propia izquierda. Durante el día, un grupo de personas se dirigía al aeropuerto Manco Cápac y otros se encontraban en los alrededores de la ciudad para llamar la atención del Estado. Mientras esto ocurría, llegaban helicópteros, tanques de guerra, policías y soldados para replegar la turba. Atacaron sin piedad y les disparaban directo al cuerpo: 18 personas fueron asesinadas, entre éstas tres menores de edad Brayan (15), Elmer (16) y Jhamileth (17 años). Si la Constitución y el Código Penal, Art. 319, condenaba los casos de lesa humanidad, esto es, el genocidio provocado por aquellos que eliminan a miembros de un grupo determinado, ahora el Estado se convertía en verdugo de ésta. Pero, ¿cómo se explica esta paradoja?, ¿por qué el Estado deshace “por decreto lo que el Estado había hecho por decreto”? (P. Bourdieu. Espíritus de Estado. Génesis y Estructura del campo burocrático. Actes de la recherche en sciences sociales, num. 96-97, 1993, p. 49). La naturaleza del Estado consiste justamente en descomponer para sí mismo el campo de poder y el capital (jurídico y militar) con el que dispone legítimamente.
A esto se suma la violencia física y simbólica del poder. Tanto es así que, desde todas las esferas institucionales, se empezó a deslegitimar y señalar que los manifestantes eran de izquierda y, lo peor de todo, que los “indios” del sur habían tomado las ciudades. Lo expuesto no sorprendía a nadie. Es más, luego de la masacre en Juliaca, Boluarte declaraba que: “¡Puno no es el Perú!”. El estigma estaba anunciado, manifestarse era asumir un papel denigrante y propio de los “terrucos” o terroristas como se difundía en los medios de comunicación. En 1961, Salo Baron durante el Proceso de Eichmann afirmaba que el racismo se podía resumir en la siguiente máxima: “The deslike of the unlike”, es decir, la aversión ante lo diferente o diverso devenía un asunto de odio institucional. Si se observa, este fenómeno no sólo funcionó como un dispositivo de poder importante en la consolidación del Estado capitalista, sino que también fue impuesta por una burguesía clasista y segregacionista (Mariátegui, Ideología y política, 1987, Amauta). De allí, la oposición histórica entre indios/criollos o serranos/costeños que fue activada durante la ola de protestas, esta vez, en la capital.
En tres ocasiones Lima se convertiría en una olla de presión. La gente llegaba desde distintas regiones para la “Toma de Lima”, un movimiento que duró, por lo menos, de diciembre del 2022 hasta julio del 2023. El “Perú profundo” se organizaba y surgían apoyos solidarios. Las mujeres se encargaban de las ollas comunes, los transportistas brindaban sus servicios para trasladar a los manifestantes, la gente de a pie ofrecía dinero o alimentos y los universitarios hacían colectas. En las noches se oían cacerolazos y, esta vez, se exigía: “¡Que se vayan todos!”. Fue un carnaval de expresiones populares, incluso hubo agrupaciones que no sabían contra quiénes luchaban. Pensando junto a Vaneigem, se había llegado a un “gesto revolucionario por excelencia”. El mes de febrero de ese año fue un tiempo tenebroso para la derecha y el más álgido del estallido popular, pues se registraron “1.327 protestas a nivel nacional, 882 movilizaciones, 240 bloqueos de carreteras, 195 concentraciones y 60 marchas por la paz” (El Salto, 7 diciembre, 2023). La única manera de controlar la furia desde abajo era con más violencia. El Centro Histórico se había convertido en un campo de batalla entre dos polos opuestos: indios/blancos, terroristas/demócratas, sur/norte, interior del país/Lima el Perú.
Pasado un tiempo, debido a los casos de corrupción y la poca credibilidad de Boluarte y el Congreso, 5% de aceptación respectivamente, el Ministerio Público denunciaba y señalaba que eran 44 personas fallecidas y 116 personas que sufrieron lesiones graves y leves durante las movilizaciones (IEP, Informe de opinión de noviembre, 2024; La Republica, 20 de diciembre, 2024). A pesar de las evidencias, no hubo intención alguna de castigar a los responsables. La denuncia por genocidio contra Boluarte y sus funcionarios fue archivada por la Fiscalía de la Nación a mediados del 2024, la misma entidad que indultó a Fujimori e investigaba, en su momento, a Pedro Castillo por encabezar una red criminal.
Sin duda, se vive una dictadura que está siendo sostenida por un “pacto de corruptos” entre parlamentarios, partidos políticos, empresarios, burócratas del Estado y el Poder Judicial. Existe una persecución latente contra aquellos que denuncian el autoritarismo y la corrupción que se padece. El resultado de ello son las 303 carpetas fiscales y 824 casos que se encuentran en proceso judicial contra aquellos que retaron a la autoridad (Caretas, 30 de julio, 2024). Uno podría suponer que el estallido social fue un malestar generalizado debido a una crisis política ya superada. Lo cierto es que el pueblo no olvida y mantiene presente la esperanza de que en algún momento llegará la verdadera justicia, porque, “el pasado tiene un derecho” y “el materialismo histórico lo sabe” (W. Benjamin, Ensayos escogidos, 2006, Coyoacán, p. 64).
