A unos días de cumplirse dos años sin justicia
Este miércoles se cumplen dos años desde que comenzaron a registrarse las primeras víctimas de la represión estatal en el sur del país, en el contexto de las protestas sociales tras el fallido golpe de Pedro Castillo. Los familiares y abogados que acompañan las investigaciones coinciden en señalar la lentitud del Ministerio Público, siendo Apurímac la región que ha enfrentado mayores obstáculos en los procesos indagatorios.
En Andahuaylas, el 11 de diciembre de 2022, Beckhan Romario Quispe Garfias (18 años) y David Atequipa Quispe (15 años) se convirtieron en las primeras víctimas mortales de la represión policial. Dany Quispe, padre de Beckhan y líder de los familiares de las siete víctimas de Apurímac, denuncia la falta de avances significativos en la búsqueda de justicia, aunque asegura que los familiares continuarán luchando junto a las víctimas de otras regiones como Ayacucho, Puno y Arequipa.
Investigación en etapa preparatoria
El abogado Raúl Peceros informó que en Apurímac se han abierto cuatro carpetas fiscales para investigar asesinatos y violaciones a los derechos humanos. La carpeta principal, que incluye los delitos de homicidio y lesiones graves en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, pasó a la etapa de investigación preparatoria el 19 de octubre de este año, lo que implica que la Fiscalía cuenta con suficientes elementos para continuar el caso.
No obstante, el abogado criticó la demora en los procesos. Inicialmente, el caso fue asumido por una fiscalía penal de Andahuaylas, pero posteriormente se transfirió a una fiscalía supraprovincial de Abancay y, más tarde, al equipo especial creado en abril de 2023. Situaciones similares se presentan en otras carpetas fiscales, como la que investiga los asesinatos en Chincheros, formalizada en agosto de este año, y la emboscada policial en Huancabamba, donde fue asesinado Denilson Huaraca Vílchez. Además, se abrió una carpeta por tortura agravada este año.
Etapa preliminar y criminalización
El abogado Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL), señaló que tras los asesinatos de diciembre de 2022, varios heridos evitaron acudir a centros de salud debido a la presencia policial, que buscaba criminalizar las protestas. Esto dificultó la recopilación de testimonios, y las diligencias preliminares comenzaron recién el 12 de febrero de 2023.
La investigación sobre la emboscada policial incluye denuncias de tortura y maltrato hacia los detenidos, quienes fueron estigmatizados y humillados. Se prevé que las diligencias continúen hasta 2025, lo que refleja la persistente lentitud en el acceso a la justicia.
Fte. La República
