Informe de gestión de control gubernamental en la Emergencia Sanitaria

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EL CONTROL EN TIEMPOS DE COVID-19 EN APURÍMAC

La Contraloría General de la República publicó el Informe de gestión del control gubernamental en la Emergencia Sanitaria «El Control en Tiempos de COVID-19», en el cual informa que el Perú fue uno de los primeros países de la región en decretar el Estado de Emergencia Sanitaria y disponer un plan de acción para contener la expansión del virus y promover la reactivación económica, destinando al 14 de julio un promedio de S/ 91 000 millones para su implementación.
Para asegurar una rápida ejecución de ese presupuesto y mitigar el impacto socioeconómico de la pandemia, el gobierno adoptó un marco normativo que flexibiliza la adquisición de bienes y la contratación de servicios, y dispuso la entrega de bonos y ayudas sociales a sectores vulnerables, por más de S/ 6000 millones, fondos que deben ser supervisados eficientemente.
En la región Apurímac, ante la pandemia del COVID-19, le fue asignado un presupuesto de S/ 134 623 089 en los distintos niveles de gobierno, para la atención e implementación de medidas y planes de contingencia, principalmente a lo relacionado al fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los servicios de salud ubicados en el departamento, y a mitigar los efectos sociales para las poblaciones vulnerables afectadas por la emergencia sanitaria.
Frente a esta situación y por mandato de la Ley N° 31016, publicada el 6 de abril, la Contraloría General diseñó la Estrategia Integral de Control a la Emergencia Sanitaria COVID-19 para supervisar a las entidades receptoras de recursos públicos durante la emergencia, y prevenir posibles riesgos de corrupción en la ejecución de los mismos, teniendo en consideración que solo en 2019 el Estado perdió por este flagelo más de S/ 23 000 millones. En Apurímac, se perdió cerca de S/ 390 millones, según informó el Contralor Nelson Shack en su reciente visita a la región.
La estrategia está centrada en contribuir al fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los servicios de salud; apoyar la mitigación de los efectos de las medidas de aislamiento e inmovilización social, así como ayudar en la implementación de las medidas de contención y de reactivación económica.
Así, la Contraloría General activó a nivel nacional equipos de auditoría para supervisar a las entidades públicas y concretar los servicios de control en las modalidades de previo, simultáneo y posterior. A los cien días del acompañamiento del control a la emergencia sanitaria, se ha superado la meta establecida inicialmente con la emisión de 7482 informes de control, muchos de los cuales evidencian y alertan a las instituciones públicas y a la ciudadanía sobre distintas deficiencias e irregularidades encontradas.
Informes de controles emitidos y publicados
Al 14 de julio, la Contraloría General emitió y publicó 7482 informes de control en relación a la COVID-19″, de los cuales en Apurímac se han generado 270 informes de control durante la emergencia sanitaria, como resultado de la supervisión del correcto uso de los fondos públicos en las entidades receptoras de recursos para la contención y mitigación del coronavirus, mediante las modalidades de control concurrente, orientación de oficio, visita de control y otros.
A diario, mediante el «Buscador de informes de servicios de control», la Contraloría publica y transparenta los resultados de las acciones de control que vienen realizando los auditores a lo largo del país en municipios, establecimientos de salud, ministerios, gobiernos regionales, entidades adscritas al Gobierno Nacional, entre otros.
Resultados del operativo distribución de canastas
El Decreto de Urgencia N° 033-2020 dispuso la transferencia de S/ 213 650 000, a 1874 municipalidades para que, de manera excepcional, puedan efectuar la adquisición y distribución de canastas con víveres de primera necesidad. Asimismo, los autorizó a disponer de sus propios recursos para incrementar los fondos con este propósito, los cuales ascendieron a más de 233 millones de soles.
El acompañamiento realizado por los auditores de la Contraloría, permitió detectar diversas deficiencias en 1329 municipios visitados, que fueron comunicadas a sus autoridades ediles con el fin de que adopten las medidas correctivas inmediatas necesarias para darle mayor transparencia a la adquisición de los víveres. En Apurímac, de las 84 municipalidades, entre provinciales y distritales, se visitaron 40 municipios, de los cuales 17 pertenecen a la provincia de Andahuaylas.
Los principales hechos detectados en la región fueron la demora en la adquisición de productos de primera necesidad, deficientes condiciones de bioseguridad en el almacenamiento de los productos, falta de un padrón y/o padrón actualizado de beneficiarios definitivo y retraso en la distribución de canastas básicas.
Asimismo, la falta de registro de compra y entrega de canastas en la plataforma virtual de la CGR, deficiencias en el uso de implementos de bioseguridad durante la distribución de canastas, uso de ambientes inadecuados para acopiar víveres antes de ser distribuidos y observaciones sobre el peso, inocuidad y/o el mal estado de algunos productos. Así como, la entrega de canastas a beneficiarios que no tendrían la condición de vulnerabilidad.
Resultados del operativo a hospitales
Las visitas de control, realizadas entre el 21 y 24 de abril, significó el despliegue de más de 200 auditores, quienes visitaron 97 establecimientos de salud públicos del segundo y tercer nivel de atención a nivel nacional. Estos hospitales han sido asignados a la recepción y atención de pacientes contagiados con la COVID-19, los cuales representan una muestra significativa de casi el 50% de los más de 200 nosocomios autorizados para este fin.
En esa línea, se supervisó el área de triaje, la implementación de salas de aislamiento, la disposición real de los profesionales de salud, la distribución de Equipos de Protección Personal (EPP) a los profesionales de la salud, las condiciones y protocolos de traslados de pacientes en ambulancias, la disponibilidad de equipamiento biomédico y el funcionamiento de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).
En Apurímac, se visitaron los hospitales Guillermo Díaz de la Vega de Abancay y Hugo Pesce Pescetto de Andahuaylas, en los que se identificó la falta de equipamiento biomédico mínimo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), lo cual limitará la atención oportuna y segura del servicio de salud, afectando la capacidad de respuesta de los dos establecimientos de salud ante la presencia de casos severos de COVID-19.
Con relación a la adquisición de ambulancias urbana tipo III para los hospitales de Abancay Andahuaylas, se advirtieron que las áreas usuarias omitieron considerar las características técnicas mínimas establecidas en la Norma Técnica de Salud y otras disposiciones vigentes, en cuanto a las dimensiones internas y el equipamiento básico con el que debe contar, y se modificaron algunas sin sustento, lo que podría afectar los objetivos del proceso.
Resultados del operativo en establecimientos penitenciarios
La Contraloría desplegó a más de 150 auditores en todo el país para supervisar 31 establecimientos penitenciarios, así como sus respectivos centros de salud. Durante las visitas se verificó la implementación de las medidas de bioseguridad requeridas para la prevención y contención de la COVID-19 que garantice el cuidado al personal penitenciario y a los internos en los distintos penales del país.
El operativo también tuvo como objetivo revisar la gestión y manejo de los residuos sólidos y la gestión sanitaria y capacidad de respuesta ante la COVID-19.
Durante las visitas de control, realizadas del 10 al 15 de junio, se inspeccionó el almacenamiento y distribución de los bienes, como medicinas, mascarillas y guantes, a fin de que las cantidades y especificaciones técnicas coincidan con lo adquirido.
Otro parámetro de supervisión fue el proceso de gestión sanitaria y capacidad de respuesta ante la COVID-19 en los establecimientos de salud del primer nivel de atención, respecto a la prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por el coronavirus.
En Apurímac, se efectuaron tres servicios de control simultáneo al Establecimiento Penitenciario de Abancay, entre los cuales se alertó que el puesto de salud del penal no cuenta con una infraestructura y equipamiento médico necesarios para un establecimiento de salud de categoría I-2, poniendo en riesgo sus prestaciones para más de 400 internos. Aparte que, el personal que brinda el servicio de salud es mínimo: 1 médico cirujano, 1 enfermera y 1 técnico en enfermería.
El control simultáneo aplicado a la emergencia en sus diversas modalidades (control concurrente, visitas de control y orientaciones de oficio) se ha caracterizado por prevenir un perjuicio irremediable al Estado. No obstante, en este segundo semestre del año, iniciaremos el control posterior para identificar responsabilidades de funcionarios o servidores públicos en actos irregulares. La corrupción y la inconducta funcional deben ser sancionados ejemplarmente; con mayor razón en una situación en la que una compra tardía o mal hecha podría inclinar la balanza hacia la vida o la muerte.
La emergencia ha permitido constatar la importancia del control concurrente, así como la necesidad de adecuar la gestión estatal a situaciones excepcionales y perfeccionar la normativa sobre adquisiciones de bienes, limitar el rol de intermediarios y contar con sanciones administrativas eficaces.

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