Más allá de las fotografías y promesas electorales, ¿quién tiene hoy la responsabilidad de culminar el hospital?
Hay obras que dejan de ser solamente proyectos de infraestructura y terminan convirtiéndose en el reflejo de la capacidad —o incapacidad— de nuestras autoridades para responder a las necesidades de la población. El Hospital de Andahuaylas es, sin duda, uno de esos casos.
Han transcurrido más de 13 años desde que esta obra quedó paralizada. Durante todo este tiempo, distintas gestiones del Gobierno Regional de Apurímac han pasado por el poder y, una y otra vez, la población ha escuchado anuncios, compromisos y promesas de culminación.
Las cámaras estuvieron presentes, las fotografías también. Hubo visitas, anuncios y compromisos dirigidos a tranquilizar los reclamos de una población que necesita, desde hace años, contar con un establecimiento de salud moderno y operativo. Sin embargo, el problema de fondo permaneció sin una solución definitiva.
Y aquí corresponde hacer una precisión: no se trata de cuestionar que una autoridad visite una obra o anuncie gestiones. Lo cuestionable es que, después de tantos años, el ciudadano continúe escuchando las mismas promesas mientras la infraestructura sigue sin cumplir plenamente la finalidad para la que fue concebida.
Actualmente existe un convenio con el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) y, según la información proporcionada, el Gobierno Regional ya habría cumplido con entregar el terreno y otros componentes necesarios para que el proyecto pueda continuar dentro del marco establecido en dicho convenio.
Entonces surge una pregunta legítima, especialmente en este escenario electoral:
¿Quién tiene hoy la competencia y responsabilidad efectiva para culminar el Hospital de Andahuaylas?
La interrogante cobra mayor importancia porque los candidatos que aspiran al Gobierno Regional vuelven a colocar la culminación del hospital entre sus principales compromisos. Pero antes de escuchar nuevas promesas, la ciudadanía debería exigir respuestas concretas.
¿El Gobierno Regional todavía tiene a su cargo la culminación de la obra? ¿Qué responsabilidades corresponden actualmente al PRONIS? ¿Qué obligaciones están establecidas en el convenio vigente? ¿Qué componentes faltan ejecutar? ¿Cuál es el presupuesto requerido? ¿Existe un cronograma real de culminación? ¿Qué entidad será responsable de garantizar que, una vez terminada la infraestructura, el hospital pueda entrar efectivamente en funcionamiento?
Estas son preguntas que no deberían responderse con discursos electorales, sino con documentos, convenios, cronogramas, presupuestos y responsabilidades claramente establecidas.
También sería un error trasladar automáticamente la responsabilidad a un alcalde provincial si la normativa y los instrumentos de gestión determinan que la conducción del proyecto corresponde a otras instancias. Una obra de esta magnitud requiere claridad institucional, porque confundir competencias solamente contribuye a prolongar el problema.
Andahuaylas no necesita otra campaña de fotografías alrededor del hospital. Necesita saber quién manda, quién financia, quién ejecuta, qué falta y cuándo terminará.
Los candidatos al sillón regional tienen una oportunidad para demostrar que han aprendido de los errores del pasado. En lugar de prometer nuevamente que “terminarán el hospital”, deberían explicar públicamente cuál será su plan, qué competencia asumirán y qué harán dentro del marco del convenio existente con PRONIS.
La población andahuaylina tampoco debería conformarse con promesas. Tiene derecho a exigir información transparente y verificable.
Después de más de 13 años, el Hospital de Andahuaylas no puede seguir siendo utilizado únicamente como una fotografía de campaña.
El pueblo merece una respuesta mucho más sencilla: quién es responsable de culminarlo, cuánto falta y cuándo estará finalmente al servicio de la población. Porque la salud no puede esperar otra gestión, otra fotografía ni otra promesa electoral.
