El gobernador Percy Godoy cuestionó la posibilidad de que su sucesor audite las obras y proyectos que dejará su administración. La declaración abre un debate sobre transparencia, control y transferencia de gestión.
UNA DECLARACIÓN QUE ABRE MÁS PREGUNTAS QUE RESPUESTAS
La frase del gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy Medina, durante una reciente entrevista radial, merece algo más que una lectura política. Al referirse a la futura administración regional, sostuvo que su sucesor no debería dedicarse a “hacer auditoría” de las obras que recibirá, bajo el argumento de que este tipo de acciones podría terminar paralizando proyectos y que un gobernador “no es juez ni fiscal”.
Más allá de la intención que haya tenido la declaración, el planteamiento deja una pregunta inevitable: ¿por qué debería preocupar una revisión de las obras si estas se encuentran correctamente ejecutadas, documentadas y financiadas?
Conviene precisar que administrar, fiscalizar y auditar son funciones distintas. Un gobernador no necesita convertirse en juez o fiscal para conocer en detalle qué recibe de la administración anterior. Precisamente, una nueva gestión tiene la obligación de revisar la situación de las obras, contratos, expedientes técnicos, obligaciones financieras, avances físicos y presupuestales y demás compromisos que pasarán a su responsabilidad.
Una revisión tampoco significa, por sí misma, paralizar una obra. Los mecanismos de control existentes permiten identificar riesgos, deficiencias, posibles incumplimientos y otros hechos que, de corresponder, pueden ser puestos en conocimiento de los órganos competentes.
TRANSPARENCIA COMO PARTE DE LA TRANSFERENCIA
La transferencia de gestión tampoco debería entenderse como una simple ceremonia de entrega de documentos y fotografías. Su verdadera finalidad es que la autoridad entrante conozca con precisión la situación en la que recibe la administración y pueda tomar decisiones con información suficiente.
En ese proceso, revisar documentos, verificar avances y contrastar la información proporcionada no constituye necesariamente una persecución política. Es, en esencia, una forma de asumir responsabilidad sobre aquello que se recibe.
Si una obra está bien ejecutada, sus contratos cumplen con la normativa y la documentación respalda las decisiones adoptadas, una revisión debería servir precisamente para demostrarlo.
Por ello, el debate no debería centrarse en si el próximo gobernador “auditará” o no. La discusión de fondo es si tendrá la libertad y la responsabilidad de verificar la gestión que recibe.
UNA PREGUNTA QUE QUEDA EN EL AIRE
La declaración de Godoy no constituye, por sí misma, una prueba de irregularidad alguna, y cualquier eventual responsabilidad tendría que establecerse únicamente mediante los procedimientos y órganos competentes.
Sin embargo, políticamente sí genera interrogantes.
Si las cuentas están claras, los contratos se encuentran en regla y las obras cumplen con sus objetivos, ¿qué razón habría para pedirle a la próxima administración que no las revise?
La transparencia no debería depender de quién gobierna ni de quién deja el cargo. Una gestión saliente tiene el deber de entregar información; una gestión entrante, la responsabilidad de conocerla y verificarla.
En ese escenario, más que una advertencia contra las auditorías, la declaración del gobernador Godoy puede terminar convirtiéndose en un tema central del debate regional: qué se está entregando, en qué condiciones se está entregando y qué encontrará la próxima administración cuando empiece a revisar la gestión recibida.
Porque revisar no es condenar. Auditar no significa paralizar. Y verificar no convierte a una autoridad en juez ni fiscal.
Significa, simplemente, saber con certeza qué se recibe antes de asumir la responsabilidad de administrarlo.
