Dirigentes barriales, frentes de defensa de la provincia y la región, organizaciones sociales y sociedad civil se reunieron en la capital de la región para tratar el álgido problema de la contratación de personal de confianza en la gobernación regional con antecedentes negativos.
Tras varias horas de diálogo decidieron dar un ultimátum al Gobernador Regional de Apurímac, Baltazar Lantarón Núñez, para que desafore a los funcionarios de confianza designados por la gestión y que presentan antecedentes negativos como investigaciones en casos de corrupción. Tal es el caso de la Gerenta General de la región quien presenta denuncias por supuestos actos de corrupción cuando era funcionarias del preso gobernador regional del Callao y lo demuestra en el informe de contraloría de la república.
Frente a esta denuncia realizada por los medios de comunicación de la provincia de Andahuaylas, el gobernador regional hace mutis y cura de silencio sin responder estas claras denuncias que dejan mal parado la gestión nueva que durante la campaña aseveró la lucha contra la corrupción.
Sin embargo, en una apresurada decisión, la Gerenta Nancy Villela llamó a una conferencia de prensa donde aseguró que sólo es investigada y no sentenciada, por lo que merece trabajar en cualquier parte del país; además explicó que, el proyecto por el cual viene siendo investigada por supuestos actos de corrupción está paralizada por falta de presupuesto del estado y que será culminada una vez desembolsada.
En cuanto al gobernador regional, Baltazar Lantarón, dijo que conoce a la autoridad porque fue su alumno en la universidad y desde ahí nacieron los lazos de amistad.
Pero las diferentes organizaciones sociales decidieron darle un plazo de 48 horas para la destitución de los funcionarios y de no solucionar saldrían a las calles en protesta mientras continúe con la decisión de mantenerlos en la institución.