La misma pena se ha solicitado para Luis Flores, Víctor Sifuentes y Rodolfo Porfirio; al igual que para nueve policías plenamente identificados.
La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo presentó una acusación formal y solicitó 35 años de prisión efectiva contra altos mandos policiales en situación de retiro y otros efectivos de la Policía Nacional del Perú, en el marco de la investigación por la muerte del ciudadano Denilson Huaraca Vilchez (22), ocurrida el 9 de febrero de 2023 durante las movilizaciones y protestas sociales registradas en la región Apurímac.
Según la acusación fiscal, la pena solicitada alcanza al comandante general PNP (r) Raúl Alfaro y al teniente general PNP (r) Jorge Angulo, a quienes se les atribuye, de manera presunta, el delito de homicidio calificado con alevosía, en agravio del joven fallecido. La Fiscalía también pidió la misma condena para Luis Flores, entonces jefe de la Región Policial Apurímac; Víctor Sifuentes y Rodolfo Porfirio, quienes se desempeñaban como jefes de la División de Orden Público y Seguridad de Abancay.
La acusación comprende además a nueve efectivos policiales plenamente identificados: José Calatayud, Rolando Taracaya, David Chapa, Joel Cabrera, William Pomasunco, Daniel Pocco, Max Cuéllar, Wilfredo Oscco y Nobel Inca, todos ellos incluidos en el pedido de 35 años de prisión, conforme a los cargos formulados por el Ministerio Público.
De acuerdo con el documento fiscal, también se solicitó una pena de 33 años y seis meses de cárcel para Jhemmy Jáuregui y Edu Rivera, así como 30 años de prisión para Wilfredo Oscco, a quienes se les atribuye presunta responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio calificado, exposición a peligro de persona dependiente y omisión de socorro, en el contexto de los mismos hechos investigados.
HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN
Según la investigación dirigida por la fiscal provincial Elizabeth Quispe Palma, en febrero de 2023 un grupo aproximado de 40 ciudadanos se desplazaba en tres vehículos con dirección a Challhuanca, con la finalidad de participar en una marcha de carácter pacífico. Sin embargo, el grupo quedó varado en el sector Izcahuaca, debido a un bloqueo de la vía.
Posteriormente, cuando los ciudadanos emprendían el retorno por el kilómetro 270 del sector Siete Vueltas, en la provincia de Aymaraes, habrían escuchado múltiples disparos atribuidos, según la tesis fiscal, a agentes del orden. Parte de los proyectiles impactaron tanto en los vehículos como en algunos de los ocupantes.
Como consecuencia de estos hechos, Denilson Huaraca Vilchez falleció a causa de impactos de proyectil de arma de fuego en los pulmones, mientras que resultaron heridos Pablo Lazo (conductor, con lesión en el brazo izquierdo), Víctor Rojas (herida en la médula ósea), Damián Sivipaucar (herida en el muslo izquierdo) y Juan Ruiz, quienes figuran como agraviados en la investigación.
PROCESO EN CURSO
En total, la acusación fiscal comprende a dos ex altos mandos policiales y 15 efectivos de la Policía Nacional del Perú, por el fallecimiento de un ciudadano y las lesiones sufridas por cuatro personas durante los hechos ocurridos el 9 de febrero de 2023.
Los familiares de Denilson Huaraca han reiterado públicamente su pedido de justicia y esclarecimiento de los hechos, señalando su preocupación por la duración del proceso judicial, el cual —según indican— avanza de manera lenta. No obstante, las autoridades han precisado que el caso se encuentra en etapa judicial, y que todas las personas acusadas mantienen la presunción de inocencia, conforme a la Constitución y a las garantías del debido proceso.
El Ministerio Público sostiene que será el Poder Judicial el encargado de evaluar los medios probatorios y determinar las responsabilidades que correspondan, en estricto respeto al marco legal vigente.
