Se evaluarán 30 pruebas testimoniales y un aproximado de 200 pruebas documentales que acreditarán los delitos imputados
El segundo despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Apurímac logró que se admitan 30 pruebas testimoniales y un aproximado de 200 pruebas documentales que acreditarían la presunta comisión de los delitos de colusión simple y alternativamente el delito de negociación incompatible en el caso de la adquisición de ambulancias por el Gobierno Regional de Apurímac.
Los investigados son: Miguel Ángel Azurín Solís, exgerente de Infraestructura, Jhony Omar Palomino Yarihuamán, exjefe de la Unidad de Adquisiciones y Christian Joselo Chávez Ugarte, ex subgerente de Estudios y Proyectos, quienes favorecieron indebidamente al consultor Yhon Altamirano Baños, este último se encargó de elaborar el expediente técnico.
En la investigación se evidenció que el expediente técnico contenía serios defectos, pues se modificaron las especificaciones técnicas de las ambulancias urbanas y rurales, incluyéndose determinadas características técnicas que posteriormente fueron utilizadas para el proceso de selección y adquisición de las ambulancias.
Los hechos se suscitaron en el año 2020, en plena pandemia y aislamiento social obligatorio (cuarentena), cuando Baltazar Lantaron Núñez aprovechando su cargo de Gobernador de Apurímac y sus principales funcionarios habrían incurrido en irregularidades en el proyecto “mejoramiento del sistema de referencia y contra referencia del ámbito de la Dirección Regional de Salud de Apurímac”, conocido popularmente como el caso de “las ambulancias”.
Cabe recordar que, en el mencionado año, el fiscal provincial a cargo del caso Luis Arturo Ballón Segovia, realizó constataciones fiscales en las instalaciones del propio Gobierno Regional de Apurímac, recopilando información documental del procedimiento de contratación y la verificación in situ de ambulancias en la sede regional, cuando aún no se había suscrito contrato alguno. Se realizaron también allanamientos simultáneos, que resultaron relevantes para obtener elementos de convicción que sustentan el presente caso.
Advirtiéndose también irregularidades que denotarían actos de concertación que abarcan la etapa del procedimiento de selección, el perfeccionamiento del contrato y la recepción de las ambulancias sin mediar contrato, donde se encuentran involucrados el exgobernador regional Baltazar Lantarón Núñez, la exgerente regional Rosa Olinda Bejar Jiménez, el exjefe de la Unidad de Adquisiciones Jhony Omar Palomino Yarihuamán, el exdirector de Abastecimiento Edison Camero Guzmán, el exgerente de Desarrollo Social Einer Montalvo Quintanilla y el especialista de la Unidad de Adquisiciones Néstor Rogelio Alata Orconi, quienes concertaron y/o se interesaron por beneficiar indebidamente con la contratación a la empresa Conversiones San José S.A.C., representado por Ítalo Carmelo Ponce Montero.
El fiscal provincial Luis Arturo Ballón Segovia y el fiscal adjunto provincial, Richard Paúl Aragón Candia se encargaron de formular y sustentar el requerimiento de acusación en contra del exgobernador Baltazar Lantarón Núñez, de los funcionarios involucrados y del proveedor representante de la empresa Conversiones San José Perú S.A.C.; por la presunta comisión de los delitos de colusión simple y alternativamente el delito de negociación incompatible.
El representante del Ministerio Público solicitó las penas que van desde los 05 hasta los 10 años de pena privativa de libertad para los funcionarios involucrados y los terceros (consultor y proveedor), así como inhabilitación para ejercer cargo público y otros desde los 15 a 20 años, el pago de días-multa y el pago de la respectiva reparación civil.
Las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público serán actuadas durante el juicio oral para acreditar la responsabilidad de los acusados, esperando que el Juzgado competente programe el inicio del juzgamiento en un plazo razonable.
