Video con expresiones violentas pone en alerta a las autoridades y activa pesquisas para determinar su alcance.
La Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) inició una investigación a raíz de las expresiones atribuidas a Emiliano Oré Rojas, conocido públicamente como “Pepe Chanka”, quien, según el material difundido, habría realizado declaraciones de contenido violento en referencia a la presidenta Keiko Fujimori.
El caso tomó relevancia luego de que el Ministerio del Interior remitiera al Ministerio Público información relacionada con las expresiones difundidas, con la finalidad de que las autoridades competentes determinen si existe algún hecho que pueda tener relevancia penal y adopten las medidas que correspondan conforme a ley.
De acuerdo con la información proporcionada, las declaraciones fueron registradas en un video que posteriormente fue difundido públicamente. En dicho material, Oré Rojas habría hecho referencia a la posibilidad de atentar contra la mandataria y manifestó que estaría dispuesto a asumir una eventual condena por ello.
Por tratarse de expresiones que podrían tener implicancias legales, las autoridades buscan establecer el contexto en el que fueron pronunciadas, quiénes participaron en la reunión virtual en la que se habrían producido y cuál fue el alcance real de lo expresado.
PESQUISAS BUSCAN ESTABLECER EL ALCANCE DEL VIDEO
La investigación no se limitaría únicamente a la identificación de la persona que aparece en el material audiovisual. Según la información conocida, las pesquisas también buscan verificar la autenticidad del video, determinar las circunstancias en que fue registrado y establecer si existieron eventuales coordinaciones relacionadas con las expresiones difundidas.
El Ministerio del Interior informó que los elementos recopilados fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público mediante el Informe N.º 284-2026-DIRCOTE-PNP/DIVOEC-DEPOTC.
A partir de este documento, corresponderá a las autoridades competentes evaluar los hechos y determinar si existen elementos suficientes que permitan establecer responsabilidades individuales. Mientras el proceso se encuentre en curso, las expresiones difundidas deben ser consideradas materia de investigación y no una determinación de responsabilidad penal.
CASO GENERA REACCIÓN EN EL ÁMBITO POLÍTICO Y DE SEGURIDAD
Tras conocerse el contenido del video, la presidenta Keiko Fujimori se pronunció públicamente y aseguró que no siente temor frente a las expresiones difundidas. Asimismo, señaló que el caso ya se encuentra en conocimiento de la Policía y la Fiscalía.
Durante una actividad pública, la mandataria sostuvo que continuará con su posición en materia de orden y seguridad y cuestionó que este tipo de expresiones puedan pretender generar un retroceso en sus acciones políticas.
El caso también generó reacciones desde el ámbito de la inteligencia y seguridad del Estado. El coronel (r) Max Anhuamán, exjefe de la DINI y de la Dircote, manifestó públicamente la necesidad de que se investiguen los hechos y se determine cuándo fueron conocidos por las autoridades y qué medidas se adoptaron.
AUTORIDADES DEBERÁN DETERMINAR SI EXISTE RESPONSABILIDAD
Más allá de la repercusión política que ha generado el caso, la investigación tendrá como uno de sus principales objetivos establecer si las expresiones difundidas constituyen únicamente declaraciones realizadas en un entorno virtual o si existieron elementos adicionales que puedan configurar una conducta con relevancia penal.
Para ello, será necesario verificar la autenticidad y contexto del material audiovisual, identificar a las personas que participaron en la reunión y analizar cualquier eventual evidencia adicional que pueda surgir durante las diligencias.
El caso queda ahora en manos de las autoridades policiales y fiscales, que deberán desarrollar las investigaciones correspondientes respetando el debido proceso y las garantías legales de las personas involucradas.
La difusión de amenazas o expresiones violentas contra autoridades públicas genera preocupación por su potencial impacto en la seguridad y la convivencia democrática. Sin embargo, será la investigación oficial la que determine el verdadero alcance de los hechos y, de corresponder, las responsabilidades que establezca la ley.
La investigación está en marcha y las autoridades deberán responder una pregunta central: se trató únicamente de expresiones difundidas en un entorno virtual o existieron elementos que evidencien una amenaza concreta? Esa determinación corresponderá a la Policía y al Ministerio Público a partir de las pruebas que logren reunir.
