La Fiscalía sostiene que una adolescente de 16 años habría sido captada bajo una falsa oferta laboral en un hospedaje de Chalhuanca.
El Poder Judicial dictó 12 meses de prisión preventiva contra F. M. Z., investigado por la presunta comisión de delitos vinculados con la trata de personas y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, en agravio de una adolescente de 16 años.
La medida fue obtenida por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Abancay, como parte de las diligencias desarrolladas para esclarecer un caso que, de acuerdo con la investigación fiscal, habría ocurrido en un establecimiento de hospedaje de la ciudad de Chalhuanca.
Según la tesis del Ministerio Público, la adolescente habría sido captada en febrero de 2026 mediante una presunta oferta de trabajo como personal de limpieza en el hospedaje. Sin embargo, la investigación sostiene que, después de iniciar sus labores, habría sido sometida a una situación de explotación sexual.
De acuerdo con la información fiscal, esta situación se habría prolongado desde el segundo día de su permanencia en el establecimiento hasta agosto de 2026. Las circunstancias exactas de los hechos forman parte de la investigación que deberá continuar durante el periodo dispuesto por el órgano jurisdiccional.
INVESTIGACIÓN EN MARCHA
La prisión preventiva constituye una medida cautelar dictada durante una investigación y no implica, por sí misma, una declaración de culpabilidad. En consecuencia, el investigado mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme que determine responsabilidad penal.
En este caso, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Abancay sostiene que existen elementos que justificarían la continuación de las investigaciones y la imposición de la medida coercitiva solicitada.
El caso involucra a una menor de edad, por lo que las autoridades mantienen bajo reserva los datos que puedan permitir su identificación, en resguardo de sus derechos y de su protección integral.
OPERATIVO CONJUNTO
Como parte de las acciones realizadas durante la investigación, se ejecutó un operativo conjunto que permitió la detención del investigado y la incautación de bienes que, según las autoridades, estarían relacionados con el caso.
La intervención contó con la participación del Departamento de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú de Abancay, en coordinación con el Ministerio Público.
Las diligencias buscan determinar las circunstancias en las que se habrían producido los hechos denunciados, así como establecer eventuales responsabilidades de las personas que pudieran estar involucradas.
La investigación fiscal deberá continuar con la recopilación y evaluación de elementos de convicción, declaraciones y demás diligencias que permitan esclarecer lo ocurrido.
PROTECCIÓN A MENORES
El caso vuelve a poner atención sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención frente a posibles situaciones de trata de personas y explotación sexual que puedan afectar a menores de edad.
La captación mediante ofertas laborales que no corresponden con las condiciones reales ofrecidas constituye uno de los aspectos que las autoridades investigan en este tipo de casos. Por ello, se recomienda a las familias y a los propios adolescentes verificar cuidadosamente cualquier propuesta de empleo y comunicar a las autoridades aquellas situaciones que puedan representar un riesgo.
El Ministerio Público señaló que mantiene su compromiso de desarrollar acciones destinadas a prevenir, investigar y perseguir los delitos que vulneren los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes.
LLAMADO A HOSPEDAJES
En ese contexto, la Fiscalía también exhortó a los propietarios y administradores de hospedajes y establecimientos similares a cumplir estrictamente con las obligaciones establecidas por la legislación vigente, entre ellas la adecuada identificación de las personas que se alojan en sus instalaciones.
El cumplimiento de estas medidas constituye un mecanismo de prevención y permite a las autoridades contar con información relevante ante eventuales investigaciones relacionadas con delitos cometidos en establecimientos de hospedaje.
Mientras tanto, el proceso continuará bajo conducción del Ministerio Público y control del Poder Judicial. Durante los 12 meses de prisión preventiva se desarrollarán las diligencias correspondientes para determinar si los hechos atribuidos al investigado cuentan con sustento suficiente para una eventual acusación fiscal.
Por tratarse de una investigación en curso, cualquier determinación sobre responsabilidad penal deberá ser establecida únicamente mediante una decisión judicial firme, respetándose en todo momento los derechos y garantías que corresponden al investigado y la protección especial de la adolescente agraviada.
