Proyecto de S/ 2,7 millones en Tapairihua queda bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción.
La ejecución del puente Sallalluma, ubicado en el distrito de Tapairihua, provincia de Aymaraes, fue puesta en cuestión tras la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Apurímac. La acción fue presentada por el periodista federado Edy Frank Arostegui Mena, quien solicita que se investiguen presuntas irregularidades vinculadas con el proceso de contratación de esta obra, cuyo presupuesto asciende a S/ 2 millones 786 mil 150.62.
De acuerdo con la información proporcionada por el denunciante, la denuncia comprende al alcalde provincial de Aymaraes, Gustavo Adolfo Carrillo Segovia; a regidores provinciales; a integrantes del comité de selección; al gerente municipal Roberto Silva Ccanri, y al representante de la empresa que obtuvo la adjudicación.
Las imputaciones planteadas deberán ser evaluadas por el Ministerio Público, que tendrá que determinar si existen elementos suficientes para iniciar y desarrollar las investigaciones correspondientes. La presentación de una denuncia penal no acredita por sí sola la comisión de un delito ni establece responsabilidad de las personas comprendidas.
CUESTIONAN DOCUMENTACIÓN DE ESPECIALISTA
Uno de los principales puntos señalados en la denuncia está relacionado con la experiencia del especialista en estructuras propuesto por la empresa adjudicataria. Según lo expuesto por el denunciante, existirían dudas sobre la documentación presentada para acreditar dicha experiencia, por lo que solicita que sea revisada y contrastada con las entidades y registros pertinentes.
También se cuestiona la evaluación de la propuesta ganadora por parte del comité de selección, así como la actuación de los funcionarios frente a alertas que, según el denunciante, se habrían formulado con anterioridad durante el procedimiento.
Estos aspectos requieren una verificación documental y técnica para establecer si la contratación se desarrolló conforme a las bases, los requisitos establecidos y la normativa aplicable. Hasta que las autoridades competentes emitan una determinación, las observaciones deben entenderse como parte de los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía.
¿QUÉ DELITOS SOLICITAN INVESTIGAR?
En su denuncia, Arostegui Mena solicita que se evalúe la posible configuración de los delitos de colusión simple, negociación incompatible y omisión de actos funcionales, además de la eventual utilización de documentación falsa o inexacta.
La referencia al artículo 384 del Código Penal corresponde al delito de colusión, que contempla conductas vinculadas con la concertación indebida entre funcionarios públicos e interesados en contrataciones estatales para defraudar al Estado. El artículo 399 regula la negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, mientras que el artículo 377 contempla la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, de acuerdo con sus elementos legales.
La inclusión de estas figuras penales en una denuncia no significa que los delitos se encuentren acreditados. Corresponderá al Ministerio Público examinar los hechos, verificar los documentos y establecer si existen indicios que justifiquen atribuir responsabilidades individuales.
LA DOCUMENTACIÓN Y EL PROCESO, BAJO EXAMEN
Entre las actuaciones que podrían resultar relevantes para esclarecer el caso figuran la revisión del expediente de contratación, la verificación de los documentos presentados por el especialista en estructuras y el contraste de la información con los registros de las entidades competentes y los colegios profesionales, según corresponda.
Asimismo, será importante examinar las actuaciones del comité de selección y de los funcionarios involucrados, así como determinar si las alertas mencionadas por el denunciante fueron recibidas y qué medidas se adoptaron frente a ellas.
La documentación disponible en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y en la Municipalidad Provincial de Aymaraes podría constituir parte de los elementos que las autoridades revisen, de acuerdo con las diligencias que se dispongan.
FISCALÍA DEBERÁ DETERMINAR SI EXISTEN RESPONSABILIDADES
El caso queda sujeto a la calificación fiscal y a las decisiones que adopte el Ministerio Público respecto de la procedencia de diligencias preliminares y otras actuaciones de investigación. En ese marco, será necesario determinar si las observaciones expuestas cuentan con respaldo documental y si permiten identificar posibles responsabilidades individuales.
La denuncia también coloca en el centro del debate la importancia de la transparencia en las contrataciones públicas y de la adecuada acreditación de los profesionales propuestos para ejecutar obras financiadas con recursos del Estado.
Por ahora, no existe en la información proporcionada una sentencia que declare culpables a las personas mencionadas. La investigación deberá desarrollarse con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, garantizando que los hechos sean esclarecidos sobre la base de pruebas y no únicamente de afirmaciones.
La ciudadanía de Aymaraes espera que las autoridades competentes revisen los cuestionamientos relacionados con el puente Sallalluma y comuniquen oportunamente los resultados de sus actuaciones, en resguardo del interés público y de la correcta utilización de los recursos estatales.
Fte: Abancay TV



