Carlos Iván Landa Kerschbaumer
En un pleno ómnibus de varias horas de debates, donde la llamada ley mordaza, volvió por tercera vez a ser desplazada para las correcciones que tuvieran lugar en la comisión de justicia, dejando angustiados a algunos periodistas que piensan más en la severidad de los jueces que en la ética, el proyecto de bicameralidad sufrió un gran revés, al convocarse a un discutido referéndum político.
Tal como ocurrió con el referendo vizcarrista que se archivó por temor de que los actuales congresistas se reelijan luego de su mandato postulando a la Cámara Alta, los contrarios a la derecha optaron por la manipulación política que debe ocurrir si se espera la decisión de la población, un caso similar al planteamiento por una nueva constitución política vuelve a debatirse.
Empero los liberales congresistas no dan las cosas por perdidas acaban de presentar una reconsideración a la segunda votación, que la perdieron estrechamente, 86 de 87 votos, apelando a que los tres congresistas que se abstuvieron, demostrando que podrían revisar su voto en una segunda oportunidad. Sobre los recursos a destinarse, indican que sería el mismo presupuesto.
En ese contexto, pese a no alcanzarse los votos, queda aún la necesidad de replantearse que en las nuevas elecciones, los electores voten por Diputados y Senadores, que no serán los 180 y 60 de antes, sino quizá 130 y 50, respectivamente, el regreso a la Cámara Alta para los juristas sería la gran solución, pues permitirá aprobar leyes mejor pensadas, remitiéndose a una segunda opinión.
Como ocurre con el Ministerio Público y el Poder Judicial encargados de administrar la carga de la prueba y aplicar las sentencias de cada caso que se analiza, tras el estudio de los expedientes acusatorios, el legislativo tendría así la ocasión de un “contrapeso”, que apruebe lo correcto y desapruebe lo incorrecto, pero no solo sería aquello, sino ejecutar los correctivos que se ordenen.
Como sabemos muchos requerimientos de leyes que plantean las bancadas y llegan al pleno, están muchas veces mal sustentadas por desconocimiento de las normas, que pasan a archivarse por ser inconstitucionales y por tanto inaplicables, una de estas es la toma de decisiones que aprueba viaje de Dina Boluarte para ejercer su cargo mediante despacho virtual desde el exterior.
Esta singular situación hubiera tenido mayores argumentos políticos si el congreso de la república contara con una Cámara Alta constituida por senadores de probada capacidad que podrían ser un importante soporte respecto a la decisión de los diputados (congresistas) empero menoscabando la importancia de la misma para el país, prefieren politizar el tema generando desazón ciudadana
Aunque las decisiones de política internacional están a cargo de la presidencia de la república y secundadas por la cancillería, el congreso actúa como tercero responsable y se encarga de aprobar o desaprobar lo que plantea el ejecutivo, que en marco de la ley tiene la prioridad para la toma de decisiones por encima de otras discusiones políticas, por ende el pleno decidió por la autorización.
La norma constitucional, a ese respecto, exige a la presidencia de la república, en situaciones de viaje de su titular, para realizar acuerdos políticos internacionales que demandan su presencia, pueda ser suplida por las vicepresidencias, a las cuales se autoriza a encargarse del despacho en ausencia del jefe de Estado, pero el presente es de vacío legal, por no existir plancha presidencial.
