CONDENA PARA EX ALCALDE, EX FUNCIONARIOS, EX REPRESENTANTE DE EMPRESA Y EX RESIDENTE DE OBRA DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

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Por defraudar económicamente al estado

El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho, dirigido por el Fiscal Provincial Jorge Rafael Quispe, logró que se condene en primera instancia a Heráclides Vásquez Gómez y Alfonzo Huamán Flores a cuatro años y nueve meses de pena privativa de libertad efectiva, como autores del delito de negociación incompatible; a José Eulogio Cumpa Ángeles a seis años de pena privativa de libertad efectiva, como cómplice primario del delito de colusión agravada.

Asimismo, logró que se condene en primera instancia a Juan William Gutiérrez Mendoza y José Sulca Chate a nueve años de pena privativa de libertad efectiva como autores del delito continuado de negociación incompatible y colusión agravada; a Efraín Gómez Gutiérrez y Benancio Alarcón Alacote a nueve años de pena privativa de libertad efectiva como autor y cómplice primario, respectivamente, del delito continuado de colusión agravada, en agravio de la Municipalidad Distrital de Concepción.

Vásquez Gómez, Gutiérrez Mendoza, Sulca Chate y Huamán Flores, en ese entonces alcalde, gerente municipal, subgerente de Infraestructura y jefe de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Concepción, respectivamente, mostraron interés indebido en favor del Consorcio Huaracayocc, conformado por las empresas Beluva Constructora & Proyectos SAC y Constructora Ingeniero Maldonado SAC, para suscribir el contrato de adjudicación directa para la contratación de la ejecución de la obra Instalación y equipamiento de los servicios de salud de Huaracayocc-I Etapa, distrito de Concepción, provincia de Vilcashuamán.

Así, pese a que según las bases el postor ganador debía presentar para la firma del contrato una carta fianza de cumplimiento del 10 % del monto del contrato emitida por una empresa supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco de Reserva del Perú o excepcionalmente acogerse a la retención del 10 % del monto total del contrato cuando los integrantes del consorcio tengan la condición de micro o pequeña empresa, Gutiérrez Mendoza, Sulca Chate y Huamán Flores dieron el visto bueno al contrato y Vásquez Gómez firmó el mismo, no obstante a que solo Constructora Ingenieros Maldonado SAC acreditó la condición de micro empresa, lo que impedía firmarse el contrato y darse por perdida la buena pro, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, Gutiérrez Mendoza y Gómez Gutiérrez, este último tesorero de la comuna, concertaron con Alarcón Alacote, representante del consorcio, para la devolución de los fondos retenidos como garantía de fiel cumplimiento en el marco de la ejecución de la obra, generando una defraudación económica de 19 mil 674.7, pues solo se ejecutó con un costo de 162 mil 662.07 soles y no por 196 mil 747 soles, tampoco se liquidó la obra física ni financieramente, ni se declaró consentida la misma, lo que ameritaba que la entidad conserve los fondos retenidos como garantía de cumplimiento y pese a no corresponder su devolución, Gutiérrez Mendoza la autorizó a favor del contratista, acto ejecutado por Gómez Gutiérrez y cobrado por Alarcón Alacote.

En tanto, Sulca Chate, también inspector de obra, Gutiérrez Mendoza y Gómez Gutiérrez, concertaron con Alarcón Alacote y Cumpa Ángeles, residente de obra, generando una defraudación de 34 mil 084.93 soles al Estado. Este último suscribió el informe de avance físico de ejecución, indicando un avance de 88.52 % y un cronograma valorizado hasta mayo de 2015, por lo que Alarcón Alacote sostuvo que tenía un acumulado de 196 mil 747 soles, solicitando que por valorización de diciembre se le desembolse la 63 mil 394.60 soles. Seguidamente, Sulca Chate dio la conformidad a la valorización y Gutiérrez Mendoza dio el visto bueno a la orden de servicio. Finalmente, Gómez Gutiérrez emitió el comprobante de pago a nombre de la empresa por 54 mil 519.3 soles, contando con el visto bueno de Gutiérrez Mendoza, efectuándose el pago mediante una transferencia electrónica.

Es oportuno señalar que la sentencia condenatoria, al ser de primera instancia, es susceptible de ser impugnada para su revisión en segunda instancia.

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