La denunciante sostiene que la apertura de una carretera habría ocasionado daños a la tubería que abastecía de agua a su predio y a sus animales
Una comunera del sector Alto Huarca, en la provincia de Espinar, región Cusco, denunció una presunta afectación a su propiedad y al sistema de abastecimiento de agua de su familia, hechos que atribuye a trabajos de apertura de una carretera que, según su versión, viene ejecutando la empresa minera Antapaccay.
La denunciante, identificada como María Illpa Supho, señaló que las labores desarrolladas en la zona habrían ocasionado daños en el terreno de su propiedad y en la infraestructura que permitía el suministro de agua destinada al consumo humano y al abastecimiento de sus animales.
De acuerdo con su testimonio, durante la ejecución de los trabajos se habría destruido la tubería que conducía el recurso hídrico hacia su predio, situación que, afirma, ha generado dificultades para atender las necesidades básicas de su familia y de su actividad ganadera.
Asimismo, la comunera sostuvo que personal vinculado a la empresa minera habría ingresado a su propiedad sin su autorización, acompañado por agentes de seguridad privada, efectivos de la Policía Nacional del Perú y maquinaria pesada. Según indicó, el ingreso se produjo mientras se realizaban las labores de apertura de la vía.
La denunciante también manifestó que tanto ella como algunos de sus familiares habrían sido agredidos físicamente cuando intentaron impedir el avance de los trabajos y evitar los presuntos daños ocasionados a su terreno y al sistema de abastecimiento de agua. Estas afirmaciones corresponden a su versión de los hechos y deberán ser verificadas por las autoridades competentes en el marco de las investigaciones que correspondan.
Ante esta situación, María Illpa Supho solicitó la intervención de las entidades competentes para constatar lo ocurrido, evaluar los presuntos daños denunciados y determinar si existió alguna vulneración de sus derechos de propiedad y de acceso al agua. Asimismo, pidió que se establezcan las responsabilidades que pudieran derivarse de las diligencias que se realicen.
Hasta el cierre de esta edición, no se había conocido un pronunciamiento público de Glencore o de Compañía Minera Antapaccay respecto a las afirmaciones formuladas por la comunera. De emitirse una posición oficial, esta será incorporada para mantener el equilibrio informativo y el derecho de todas las partes a expresar su versión de los hechos.
El caso pone nuevamente en agenda los desafíos que enfrentan las comunidades y las empresas extractivas en torno al uso del territorio, la protección de las fuentes de agua y los mecanismos de diálogo. Corresponderá a las autoridades competentes realizar las verificaciones técnicas y legales necesarias para esclarecer los hechos denunciados y adoptar las medidas que correspondan conforme a la normativa vigente.
