Por: Carlos Iván Landa Kerschbaumer
“Tambores de guerra” vuelven a sonar ante la presunta libertad del expresidente Alberto Kenya Fujimori. Las marchas ya copan las calles expresando el descontento e indignación popular tras largos años de la muerte de estudiantes y supuestos maestros revolucionarios, ultimados atrozmente por el grupo Colina, al estilo de los terroristas que asesinaron a cientos de peruanos.
Desde la aparición del creador del fujimorismo en la arena política, el Perú se partió en dos. Amado por unos y odiado por otros, el matemático que llegó a ser presidente de la Asociación Nacional de Rectores, académico destacado de la Universidad Nacional Agraria y conductor de un espacio en televisión, que lo catapultó al poder, sigue siendo motivo de perturbación aun preso.
El reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que vuelve al estado de indulto humanitario la decisión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el 2017 y revoca el fallo de la Corte Suprema que lo devolvió a prisión, hace sonar todas las alarmas de los antifujimoristas caviares y deudos de La Cantuta y Los Barrios Altos, a 18 años del encierro del chino, se despiertan pasiones y temores.
En tanto, una Comisión de Derechos Humanos, con sede fuera del país, elevará el caso peruano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a solicitud de los deudos, exigiendo revisión del fallo del Tribunal Constitucional, lo que abre una nueva polémica en el ámbito político, los entendidos señalan que la CIDH hará recomendaciones para que se tomen acciones inmediatas.
Pese a su edad, 83 años, y liquidado políticamente, preocupado más por su salud que otra cosa, los antifujimoristas creen que es mejor un “chino” en la cárcel, que un “chino” en libertad, el premier Aníbal Torres, señala respecto a Alberto K. Fujimori, no importarle si muere en la cárcel, denegando el indulto humanitario y rechazando todas las acciones del Tribunal constitucional (TC)
El expresidente Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de penitenciaría en un fallo controvertido, porque se le aplicó una pena con un argumento cuestionable, haciéndole responsable como autor mediático de crímenes de lesa humanidad, cuando todos sabemos que no existía dicha penalidad en el código de la justicia peruana; un absurdo jurídico insólito y criticado.
La responsabilidad política de los sangrientos hechos se le atribuye al expresidente Alberto Fujimori y al siniestro asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, ambos confinados en prisión tras los sangrientos hechos criminales, en un extraño episodio que no termina de aclararse si los ejecutores de los crímenes confundieron a sus víctimas con terroristas o fueron mal informados.
El escenario no pudo ser menos dramático, eran los tiempos de Sendero Luminoso y el MRTA que aparecían como comandos sangrientos en su lucha por hacerse del poder desde la violencia y el adoctrinamiento de hombres jóvenes, alistándolos para la lucha armada, pasaron dos gobiernos de Fernando Belaunde (AP) y Alan García (APRA) antes que Alberto Fujimori apareciera en acción.
Las generaciones de los 80 y 90 conocen muy bien la historia de alta criminalidad, coches bomba y ajusticiamiento a inocentes, que se negaban a participar de la infausta guerra, que obligó a los pobladores del “Perú Profundo” abandonar sus tierras y volcarse a Lima en busca de obtener protección, sorteando cientos de peligros y arriesgando sus vidas en procura de la supervivencia.
