Ley que limita la ejecución en obras por administración directa
Por amplia mayoría (106 votos a favor y 7 abstenciones) el Pleno del Congreso derogó la Ley 31876, Ley que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional; así como toda norma administrativa que se oponga a la presente Ley.
En seguida, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, expresó su satisfacción por esa decisión que fue solicitada por los gobernadores regionales y alcaldes que llegaron esta mañana a la sede legislativa.
“¡Misión cumplida, señores gobernadores y alcaldes!”, dijo el titular del Parlamento.
Al sustentar el dictamen respectivo, el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, César Revilla Villanueva (FP), sostuvo que es indispensable derogar la Ley 31876, a fin de evitar cualquier limitación en la ejecución de obras por administración directa a cargo de los gobiernos regionales y locales.
“Esta ley está poniendo en riesgo la posibilidad de que los señores gobernadores regionales y alcaldes terminen las obras que vienen ejecutando”, acotó.
Por su parte, la parlamentaria Martha Moyano Delgado (FP), en su calidad de autora, propuso que se incluya en el dictamen una disposición complementaria transitoria, en los siguientes términos:
“A partir de la entrada en vigor de la presente Ley se aplica de forma transitoria la Resolución de Contraloría 19588-CG, referidas a normas que regulan la ejecución de obras públicas por administración directa”.
La propuesta fue incluida en el texto sustitutorio aprobado por el Parlamento
La legisladora Patricia Juárez Gallegos (FP), autora del proyecto, dijo que los actos normativos estarían causando una transgresión de manera directa al proceso de descentralización en mayor relevancia a las municipalidades provinciales y distritales más alejadas del país, al ser afectada su autonomía política, económica y administrativa, al imponerse límites hasta un monto de 50 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) como tope máximo.
“La Ley 31876 no ha sido socializada de manera oportuna con los gobiernos subnacionales, en tanto que sus efectos jurídicos estarían generando un impacto negativo en el desarrollo del país, sobre todo causando perjuicio en las localidades de jurisdicción distrital provincial o regional, más alejadas o en zonas de frontera poco comunicadas”, puntualizó.
Asimismo, el parlamentario Luis Ángel Aragón Carreño (AP) manifestó que el artículo 10 de la Ley 31876 es otro impedimento, ya que prohíbe, en el marco de la ejecución de una obra por administración directa, la adquisición, bajo cualquier modalidad, de maquinaria y equipos con cargo al presupuesto de la obra.
PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES APURIMEÑAS
La primera autoridad regional de Apurímac, Percy Godoy Medina acompañado de autoridades provinciales y distritales, unieron su voz de protesta en contra de esta ley que limita la inversión en las obras de administración directa a un tope máximo de 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) equivalente a 247 mil soles.
También estuvo presente el burgomaestre de la provincia de Chincheros, Gustavo Alejandro Gutiérrez Ortiz, dio a conocer sus puntos de vista y malestar a través de un comunicado, exigiendo al Congreso de la República derogar dicha ley que perjudicaba directamente al desarrollo de toda la ciudadanía.
“Los congresistas no deben legislar de espaldas al país, en contra de la población y esta ley es una muestra de ello, porque evita que los gobiernos del interior del país no podamos ejecutar obras de importancia, está ley impide que se le pueda dar trabajo a la población, ya que las concesionarias vienen con su propio personal y no dan oportunidades a los trabajadores locales. Por ello hoy estamos presentes en la marcha exigiendo su derogatoria”, señaló la autoridad provincial de Andahuaylas, Ing. Abel Manuel Serna Herrera, a diversos medios de comunicación de alcance nacional, donde expuso y fundamentó la petición de las autoridades en pie de lucha.
También estuvo presente la primera autoridad distrital de Anco Huallo – Uripa, Abg. Miguel Huacre Mendez, acompañado de autoridades regiones, provinciales y distritales, unieron su voz de protesta en contra de esta ley que limita la inversión en las obras de administración directa.