El Poder Judicial dictó sentencia tras la acusación sustentada por el Ministerio Público. El caso ocurrió en una comunidad rural de la provincia de Antabamba.
Una condena de 15 años de pena privativa de libertad efectiva fue impuesta a Guillermo Eloy Carrasco Zea, tras ser hallado responsable del delito de violación sexual en agravio de una adolescente de 16 años con discapacidad, quien, debido a su condición, se encontraba imposibilitada de otorgar su libre consentimiento. La sentencia fue obtenida por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Antabamba, en la región Apurímac.
De acuerdo con los elementos presentados durante el proceso judicial, los hechos ocurrieron cuando la madre de la adolescente se ausentó momentáneamente de una carpa instalada aproximadamente a 15 metros de su vivienda, con la finalidad de devolver una herramienta agrícola. En ese breve intervalo, el ahora sentenciado habría aprovechado que la menor se encontraba sola para ingresar al lugar y cometer el acto delictivo.
La situación salió a la luz cuando la progenitora retornó y sorprendió al acusado en el interior de la carpa. Según la información fiscal, el sujeto habría intentado restar importancia a lo sucedido, manifestando que únicamente había realizado tocamientos. Sin embargo, la madre intervino con apoyo de vecinos y personal médico de la comunidad, dando paso a las acciones correspondientes para atender a la víctima y poner el caso en conocimiento de las autoridades.
La investigación y posterior acusación fiscal permitieron llevar el caso ante el Poder Judicial. Durante el proceso, el fiscal Roger Usandivares Huillca sustentó los argumentos del Ministerio Público, presentando los elementos que respaldaron la imputación y permitieron alcanzar una sentencia condenatoria contra Carrasco Zea.
Finalmente, el órgano jurisdiccional dispuso 15 años de prisión efectiva por el delito de violación sexual, en agravio de la adolescente, una decisión que representa una respuesta judicial frente a un grave hecho de violencia que afectó a una persona en situación de especial vulnerabilidad.
Desde el Ministerio Público se destacó que este resultado forma parte de las acciones de persecución penal frente a los delitos que vulneran la libertad y la integridad sexual, especialmente cuando las víctimas son menores de edad y personas con discapacidad. Asimismo, se reafirmó la importancia de garantizar que las denuncias provenientes de comunidades rurales y sectores alejados reciban atención oportuna y no queden al margen de la justicia.
El caso vuelve a poner en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes, así como asegurar que las personas con discapacidad puedan vivir libres de violencia y recibir atención adecuada cuando sus derechos son vulnerados.
