Registros del Sinadef contabilizan las muertes ocurridas entre el 28 de julio y el 22 de agosto. La cifra todavía podría incrementarse debido a casos pendientes de clasificación.
La seguridad ciudadana se convierte en uno de los primeros grandes desafíos para el gobierno de Keiko Fujimori, luego de que los registros del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), actualizados al 22 de agosto, contabilizaran 134 homicidios ocurridos entre el 28 de julio y el 22 de agosto, es decir, durante los primeros 26 días de la actual administración.
El dato fue difundido a partir del análisis realizado por el especialista en datos Juan Carbajal, quien advirtió que las cifras todavía se encuentran en proceso de actualización y podrían aumentar conforme se incorporen nuevos registros.
De los 134 homicidios contabilizados en ese periodo, 102 casos, equivalentes al 76,1 %, estuvieron relacionados con proyectiles de arma de fuego, según los registros citados. La magnitud de esta proporción evidencia el peso que tiene el uso de armas de fuego dentro de la violencia letal registrada durante las primeras semanas del nuevo gobierno.
UNA CIFRA QUE TODAVÍA PODRÍA CRECER
El número de 134 homicidios no necesariamente representa el cierre definitivo del periodo analizado. Según Carbajal, existen además 14 muertes violentas por proyectil de arma de fuego que figuran como “ignoradas” en la clasificación disponible, principalmente en Lima y Callao.
El especialista explicó que el Sinadef mantiene un proceso permanente de actualización, por lo que los registros pueden variar conforme se incorporan y clasifican las defunciones pendientes.
Esta característica obliga a leer las cifras con cautela: se trata de un registro en actualización y no de un balance definitivo del periodo. Sin embargo, el volumen de muertes registrado hasta el 22 de agosto coloca nuevamente a la seguridad ciudadana en el centro de la agenda política nacional.
SEGURIDAD, LA PRINCIPAL PROMESA
El escenario resulta especialmente relevante porque la seguridad ciudadana fue presentada por Fujimori como una de las prioridades centrales de su administración desde el primer día de gobierno.
Durante su mensaje de asunción, la mandataria anunció un combate frontal contra la criminalidad y planteó el fortalecimiento de la Policía Nacional, además de una mayor participación de las Fuerzas Armadas en determinadas acciones de seguridad.
En los primeros días de su gestión, el Ejecutivo también comenzó a plantear una estrategia de mayor coordinación entre las instituciones del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales y recuperar el control territorial.
La propia presidenta sostuvo posteriormente que el Gobierno enfrentará la delincuencia con autoridad, inteligencia, presencia estatal y resultados.
Pero mientras estas medidas comienzan a implementarse, las estadísticas de homicidios muestran que la violencia continúa siendo un problema inmediato.
EL PEDIDO DE PACIENCIA
Ante los cuestionamientos por las cifras de criminalidad registradas durante las primeras semanas de su administración, Fujimori pidió paciencia y sostuvo que no es posible mostrar resultados en apenas quince días.
El argumento plantea un punto político relevante: una reducción sostenida de los homicidios requiere políticas de seguridad, investigación criminal, inteligencia, capacidad operativa y coordinación entre diferentes instituciones del Estado, cuyos resultados no necesariamente pueden medirse en cuestión de días.
Sin embargo, también coloca al Gobierno frente a una exigencia concreta: transformar los anuncios realizados durante la campaña y los primeros días de gestión en resultados verificables para la ciudadanía.
La presión aumenta porque el país llega a esta nueva administración después de varios años de incremento de la violencia letal. Según los registros citados por el análisis de Sinadef, 2025 cerró con 2.218 homicidios, por encima de los 2.083 registrados en 2024 y de los 1.511 de 2023.
LIMA Y CALLAO, EN EL CENTRO DEL PROBLEMA
Los registros correspondientes al inicio del gobierno de Fujimori muestran una concentración importante de los homicidios en Lima y Callao, territorios que además enfrentan problemas asociados con extorsión, sicariato y criminalidad organizada.
La situación ha generado presión sobre el Ejecutivo y la Policía Nacional, especialmente en un contexto en el que diferentes sectores demandan respuestas inmediatas frente a los ataques y asesinatos vinculados con actividades criminales.
El Gobierno ha respondido con anuncios de fortalecimiento policial, coordinación interinstitucional y medidas destinadas a recuperar el control territorial. Sin embargo, la efectividad de estas políticas tendrá que evaluarse con indicadores objetivos y resultados sostenidos en el tiempo.
EL DESAFÍO POLÍTICO
Los 134 homicidios registrados hasta el 22 de agosto no pueden atribuirse automáticamente como hechos provocados por una decisión específica del actual gobierno. Los delitos responden a dinámicas criminales que se vienen desarrollando desde antes del inicio de esta administración.
Pero políticamente sí representan un desafío para un Ejecutivo que colocó la seguridad ciudadana entre sus principales prioridades.
La discusión, por tanto, no se limita a contabilizar víctimas. El verdadero reto será determinar si las nuevas políticas de seguridad consiguen modificar la tendencia de homicidios, reducir el poder de las organizaciones criminales y generar mayor protección para la ciudadanía.
Mientras tanto, el Sinadef continúa actualizando sus registros y las cifras correspondientes a las primeras semanas del gobierno de Fujimori podrían modificarse.
