Comunidades exigen participación y que las decisiones que puedan afectar sus derechos sean debatidas en el Parlamento.
La presencia de representantes de comunidades campesinas en el Congreso de la República volvió a colocar en el centro del debate parlamentario las demandas del sector rural y su preocupación frente a las decisiones legislativas que podrían tener impacto en sus territorios, actividades y derechos.
Durante una reunión con representantes de la bancada de Juntos por el Perú, dirigentes y representantes comunales expusieron sus principales preocupaciones y solicitaron que no se otorguen facultades legislativas al Poder Ejecutivo, planteamiento que forma parte de su posición frente al actual proceso parlamentario.
El pedido ocurre en un momento en que el Congreso debate la solicitud del Ejecutivo para recibir facultades para legislar. La Comisión de Constitución aprobó recientemente una fórmula que plantea una delegación por 90 días y limitada a materias de seguridad ciudadana y acciones frente al Fenómeno El Niño. El dictamen deberá ser sometido al Pleno de la Cámara de Diputados.
Para los representantes comunales que participaron en el encuentro, las decisiones que puedan repercutir sobre las comunidades campesinas deben pasar por un debate parlamentario abierto, con participación de los sectores involucrados y transparencia en el proceso.
UNA PREOCUPACIÓN QUE BUSCA SER ESCUCHADA
La posición expresada por los representantes campesinos pone sobre la mesa la necesidad de que las comunidades tengan espacios de participación cuando se discutan medidas que puedan incidir directamente en sus derechos e intereses.
El marco legal peruano reconoce a las comunidades campesinas como personas jurídicas y establece su autonomía para determinar su organización interna, además de reconocer competencias vinculadas al uso de sus tierras y otros recursos.
En las últimas semanas, el propio Congreso ha desarrollado espacios de audiencia y reuniones con representantes de distintos sectores para recoger opiniones respecto de la solicitud de facultades legislativas. El 22 de septiembre, la Comisión de Constitución realizó una audiencia ciudadana en la que participaron especialistas y representantes de diversos sectores.
En ese escenario, la llegada de representantes de comunidades campesinas al Parlamento busca colocar sus demandas dentro de una discusión que todavía continúa y que tendrá nuevas definiciones en el Pleno.
EL DEBATE CONTINÚA
La solicitud inicial del Poder Ejecutivo contemplaba facultades por 120 días y abarcaba ocho materias, entre ellas seguridad ciudadana, asuntos económicos, actividades productivas, agricultura, recursos naturales y modernización del Estado. Tras el debate parlamentario, la propuesta de la Comisión de Constitución fue reducida a seguridad ciudadana y medidas relacionadas con el Fenómeno El Niño.
Ahora corresponde que la Cámara de Diputados debata el dictamen y adopte una decisión. Según la agenda parlamentaria informada, el tema fue programado para el Pleno del 6 de octubre.
Mientras el Parlamento avanza en este proceso, las comunidades campesinas han dejado constancia de su posición: piden que las decisiones que puedan afectar sus derechos sean discutidas con participación, transparencia y diálogo, llevando hasta el centro del poder legislativo una voz que reclama ser tomada en cuenta.
En el campo, la preocupación ya llegó al Congreso. Ahora, el debate parlamentario tendrá la responsabilidad de escucharla y determinar el camino que seguirá la delegación de facultades.