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INSPECTORÍA PNP IGNORÓ CADENA DE MANDO EN NUEVAS INVESTIGACIONES POR PROTESTAS

Seis meses desde el asesinato de Denilson Huaraca Vilchez y hasta el momento «no existen responsables»

Nota realizada por Ojo Público

“No tengo conocimiento sobre el tema [investigación en Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú] que me dice usted”, dijo Elizabeth Santisteban Yacsavilca —hermana de Víctor, el hombre que falleció en las protestas de Lima, el 28 de enero pasado, luego de recibir el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza— al ser consultada por el tema. Aunque la Inspectoría inició diligencias preliminares por el caso el 1 de febrero, nunca notificó a la familia. Menos aún les comunicó el archivo del proceso administrativo.

Días atrás, este medio informó que, hasta el 4 de julio, la Inspectoría de la Policía, había archivado cuatro procesos administrativos relacionados a las protestas, sin realizar indagaciones para las cuales están facultadas por la ley del régimen disciplinario policial.

Ahora, OjoPúblico accedió, a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a tres nuevas resoluciones emitidas por las oficinas de disciplina de la Inspectoría PNP sobre casos archivados hace meses. En otras palabras, hasta la fecha, esta institución ya archivó siete casos de, al menos, 13 procesos relacionados a las protestas antigubernamentales.

Los nuevos documentos analizados revelan que dos de los casos se archivaron pese a que ya tenían identificados a los jefes policiales que dirigieron los operativos que culminaron con fallecidos y heridos durante las manifestaciones desarrolladas en Apurímac y Arequipa.

Los órganos de disciplina decidieron el archivo argumentando que aún faltaba que la Fiscalía realice pericias para identificar a los responsables, obviando sus facultades para realizar diligencias de manera autónoma: toma de declaraciones, solicitud de información a entidades privadas, análisis de vídeos de cámaras de seguridad, etc.

Uno de los casos, a cargo de la Oficina de Disciplina de Camaná, corresponde a Xavier Candamo Da Silva (30), fallecido tras recibir un proyectil de arma de fuego en las movilizaciones del 19 de diciembre de 2022 en Chala, Arequipa. El otro caso reúne la muerte con arma de fuego de Denilson Huaraca Vilchez y a los heridos Víctor Rojas Alarcón, Pablo Lazo Mariño y Felix Sivipaucar Jauregui, en la protesta del 9 de febrero en Aymaraes, Apurímac.

Mientras que el tercer caso, a cargo de la Oficina de Disciplina N°13 de la Oficina de Investigaciones de la Inspectoría General en Lima, que investigaba la muerte de Víctor Santiesteban Yacsavilca, ocurrida el 28 de enero en las protestas realizadas en la capital, fue archivado bajo el argumento de que no se había podido identificar a algún efectivo policial como presunto responsable.

En la resolución de archivo no se indica que hayan revisado los vídeos de seguridad, difundidos públicamente, en el que se observa a un policía disparar una bomba lacrimógenas directamente al cuerpo de Santiesteban Yacsavilca.

La familia no tenía conocimiento sobre este proceso. Sin embargo, informaron que, a nivel penal, el Equipo Especial de Fiscales a cargo de los casos relacionados a las protestas cuenta con 11 policías en calidad de investigados por el homicidio de Santisteban Yacsavilca, desde el mes de abril.

Semanas atrás, el general PNP Edgar Horna Moreno, jefe de investigaciones de Inspectoría, reconoció en conversación con OjoPúblico que los órganos de disciplina no tienen impedimentos para solicitar información a cualquier entidad pública y privada durante la etapa de acciones previas. Según las normas policiales, en esta fase se busca recaudar la mayor cantidad de pruebas que ayuden a identificar a los responsables de los hechos.

CADENA DE MANDO EN APURÍMAC

El 18 de abril de este año, la Oficina de Disciplina de Abancay, a cargo del coronel PNP Waldir Huambo Arredondo, archivó el caso relacionado a Denilson Huaraca Vilchez, fallecido tras recibir el impacto de un proyectil de arma de fuego durante la represión a la protesta realizada en el distrito de Chalhuanca, provincia de Aymaraes, Apurímac, el 9 de febrero. El proceso también involucraba a tres heridos: Víctor Rojas Alarcón, Pablo Lazo Mariño y Felix Sivipaucar Jauregui.

La resolución de archivo señala que la Comisaría de Chalhuanca informó, el 9 de febrero, que la vía Panamericana Abancay – Nazca, en el sector denominado Siete Vueltas, se encontraba tomada por un promedio de 400 personas. Además, indica que los manifestantes se “encontraban atrincherados en los cerros provistos de hondas, huaracas, material explosivo y, al parecer, armas de fuego”.

Posteriormente, en el informe policial analizado por el órgano de disciplina, se lee que tras la llegada de un contingente policial, los manifestantes comenzaron a utilizar “materiales explosivos y armas de fuego”. Ante esto, narran, se produjo el enfrentamiento en dicho sector. Minutos más tarde —continúa el reporte policial—, un grupo de manifestantes provocó la voladura parcial de un cerro, utilizando material explosivo y, luego, “se dieron a la fuga” en dos camiones.

En ese momento, la Policía comenzó una persecución y “disparos al aire y a los neumáticos” para capturar a los manifestantes. Finalmente, señala el informe, lograron detener a los dos vehículos con un promedio de 20 a 30 personas. Entre ellos se encontraba Denilson Huaraca Vilchez, ya muerto, y los heridos Víctor Rojas Alarcón, Pablo Lazo Mariño y Felix Sivipaucar Jauregui.

La Oficina de Disciplina de Abancay accedió al plan operativo que elaboró la Unidad de Servicios Especiales (USE) de Abancay para realizar las intervenciones en las zonas tomadas por los manifestantes. Entre ellas, el punto donde se produjo la muerte de Denilson Huaraca Vilchez, el 9 de febrero.

Según el documento, el comando general estaba a cargo del general PNP Luis Flores Solís, en ese entonces jefe del Frente Policial de Apurímac. Como comando operativo se identificó al coronel PNP Porfirio Díaz Redolfo, jefe de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) de Abancay. Como jefe operativo, mientras tanto, estaba el suboficial brigadier PNP Nobel Inca Andia, que se encontraba al mando de 19 suboficiales. Dicho grupo, indica el plan, debía estar en la zona del 1 al 16 de febrero.

En la resolución se lee que, posteriormente, el 9 de febrero, el teniente PNP Sergio Jincho Huamán, jefe de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de Abancay, envió otro contingente para brindar apoyo al primer equipo.

El plan de operaciones para este nuevo grupo establecía al general PNP Luis Flores Solis, jefe del Frente Policial Apurímac como comando general; al coronel PNP Victor Sifuentes Yañez, jefe de la Divopus de Abancay, como comandante operativo; y al mayor PNP William Pomasunco Hinostroza como jefe operativo, quien iba a estar al mando de 20 suboficiales. Según los reportes policiales, el contingente liderado por el mayor PNP Pomasunco Hinostroza acudió al lugar al mediodía del 9 de febrero.

En el documento también se indica que en la mañana de los hechos, por disposición superior —aunque no se precisa quién da la orden—, el teniente PNP José Raúl Calatayud Chávez, comisario sectorial de Chalhuanca, acudió a la zona con 20 efectivos de la USE Abancay y 12 suboficiales de la comisaría de Cotaruse en dos unidades móviles.

Pese a estos detalles, narrados en la resolución con las especificaciones de los documentos y de las órdenes de la cadena de mando, la Oficina de Disciplina de Abancay no realizó mayor indagación sobre los jefes policiales indicados en los planes operativos, y el proceso administrativo no incorporó investigados.

En la resolución se lee que, tras los hechos, se abrieron dos investigaciones a nivel fiscal, una por el presunto delito de disturbios contra 39 de los manifestantes, a cargo de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Aymaraes. Y otra, a cargo de la Fiscalía Provincial Supraprovincial Especializada en DDHH e Interculturalidad de Apurímac, por el presunto delito de homicidio.

En esa línea, la Fiscalía Penal Corporativa de Aymaraes informó a la Oficina de Disciplina de Abancay que la Oficina de Criminalística PNP había realizado varias diligencias periciales. Entre ella se menciona la pericia de absorción atómica a 18 suboficiales para encontrar restos de uso de armas. Sin embargo, se indica que el resultado salió negativo para todos.

No obstante, luego se señala que, tras la revisión de los cuadernos de armas de la USE Abancay, se encontró que había cinco policías a quienes se les había entregado fusiles AKM para el operativo en la zona, y que a ellos todavía no se les había aplicado la pericia de absorción atómica.

Ese dato es sumamente importante debido a que la pericia balística aplicada a Denilson Huaraca Vilchez confirmó que recibió un proyectil calibre aproximado a 7,62 mm, que se usa con armas de largo alcance, como las AKM.

La resolución fue archivada, inicialmente, el 18 de abril. En ese momento se detalló que, a esa fecha, no se había identificado a los presuntos responsables de los hechos. Hasta entonces, la fiscal de derechos humanos, Eliana Galindo, se había negado a entregar sus actuados a la oficina de disciplina, argumentando que su investigación era reservada y que el órgano de disciplina podría realizar su investigación de manera autónoma.

Sin embargo, el 9 de mayo, la fiscal Eliana Galindo entregó copias de sus actuados a la oficina de disciplina de Abancay. Con dicha información, el órgano de disciplina tomó conocimiento de que se había abierto investigación penal contra policías.

En la lista se menciona a los efectivos José Raúl Calatayud Chávez, Rolando Taracaya Ccañia, Nobel Inca Andia, David Chipa Aquino, Joel Vicente Cabrera Paredes, Daniel Pocco Cuaresma, por ser los coautores del presunto delito de homicidio en agravio de Denilson Huaraca Vilchez y por el presunto delito de lesiones graves en agravio de Víctor Rojas Alarcón, Pablo Lazo Mariño y Felix Sivipaucar Jauregui.

Los jefes policiales Luis Jesús Flores Solis, jefe del Frente Policial de Apurímac; Víctor Manuel Sifuentes Yáñez, jefe de la División de Orden Público y Seguridad de Abancay, y William Roy Pomasunco Hinostroza, jefe de la DUE USE Abancay, en tanto, son investigados como autores mediatos del presunto delito de homicidio y lesiones graves.

Finalmente, la Fiscalía de Derechos Humanos informó que, hasta el 22 de mayo, no contaba con el informe pericial de absorción atómica a los efectivos policiales que, según el cuaderno de armas, habían llevado un fusil AKM a la zona de intervención.

La Oficina de Disciplina decidió volver a archivar el caso argumentando que “hasta la fecha no se cuenta con elementos de convicción indispensables para el inicio de la investigación administrativa disciplinaria” y que será necesario esperar los resultados periciales a los cinco efectivos policiales que llevaron armas al lugar de los hechos.

Si bien el órgano de disciplina se abocó a recoger la mayor cantidad de actuados fiscales y de las unidades especializadas de la Policía, no se aprecia que hayan realizado diligencias autónomas, más allá de acudir a la armería de la USE Abancay para solicitar los cuadernos de armas.

Por ejemplo, no se observa que se haya solicitado declaraciones a los jefes policiales identificados en la cadena de mando. Tampoco se reportan solicitudes de material audiovisual a entidades privadas o medios de comunicación para indagar más sobre los hechos, diligencias para las cuales está facultado según la ley del régimen disciplinario policial.

“Es una gran sorpresa que me cae cuando usted me dice que ha sido archivada la investigación en Inspectoría. No ha habido ningún tipo de comunicación por parte de la Inspectoría de la Policía. No ha habido ningún tipo de informe”, señaló a OjoPúblico, Marcelino Huaraca Maytán, hermano de Denilson.

ESCASA TRANSPARENCIA

Ojo Público ya había informado que, hasta el 4 de julio de este año, la Inspectoría de la Policía había archivado cuatro casos relacionados a las protestas sociales. Posteriormente, tras un nuevo pedido de información, la entidad policial informó, a inicios de este mes, que había tres nuevas resoluciones de archivo relacionadas a las movilizaciones.

Estos nuevos casos fueron archivados meses antes de la entrega del primer reporte por parte de la Inspectoría de la Policía. Sin embargo, no figuran en los mismos, un hecho que deja en evidencia la falta de transparencia en la entrega de información pública.

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