Fueron citados el gerente de Desarrollo Social Julio César Rosario al igual qe los exfuncionarios Isaac Chirinos Camero y Daniel Moisés Franco Flores. También el consejero Emerson Huashua que presentó la denuncia.
La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Apurímac inició investigación preliminar contra los que resulten responsables por presuntas irregularidades cometidas en la compra de equipos médicos, balones de oxígeno medicinal guantes, entre otros bienes, por más de 3 millones de soles en perjuicio de la Dirección Regional de Salud (Diresa Apurímac).
«Iniciar investigación preliminar a cargo de los efectivos policiales de la Dircocor Apurímac contra los que resulten responsables por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de delitos cometidos por funcionarios públicos, sub tipo colusión, en agravio de la Dirección Regional de Salud de Apurímac», precisa el inciso 3.1 de la parte resolutoria de la Disposición N° 02 que corre en la Carpeta Fiscal N° 1406015500-2021-17-0.
A fines de noviembre e inicios de diciembre, fue citado el consejero Emerson Huashua Cahuana quien presentó por insistencia esta denuncia, la cual en un primer momento fue archivada por falta de pruebas, pero luego retomada de oficio y reexaminada por la fiscalía anticorrupción.
También desfilaron por el despacho fiscal, el gerente de Desarrollo Social, Julio César Rosario Gonzáles, el exadministrador de la Diresa Apurímac, Isaac Chirinos Camero y el exdirector de Logística, Daniel Moíses Franco Flores.
Como se recuerda, este último aparece en el chat intercambiando mensajes con un tal «David» (sería el director de Infraestructura, David Távara) refiriéndose a la «ratita» de «Godo» (sería Godofredo Campos Peláez, exadministrador y que reemplazó a Isaac Chirinos) en un presunto contubernio delictivo que deberá esclarecerse durante las investigaciones.
A mediados de octubre del 2021, la Diresa Apurímac fue remecida por la difusión de un primer chat que involucraba a funcionarios del entorno del gerente de Desarrollo Social, Julio César Rosario González, intercambiando mensajes sobre presuntos arreglos económicos tras la adquisición de equipos biomédicos, guantes, balones de oxígeno, entre otros, por un monto superior a los 3 millones de soles.
Días después, un segundo chat fue difundido, pero esta vez involucrando a la entonces directora Janet Lizarraga Valer en supuestos arreglos con dirigentes del sindicato de trabajadores, médicos candidatos y direccionamiento del Órgano de Control Institucional (OCI) que ya le pisaba los talones a la camarilla de funcionarios impuesta por Rosario González antes de subir a la sede regional.
A la publicación del segundo chat, Lizárraga Valer, era destituida abruptamente por el mismo gobernador Baltazar Lantarón, quien tras el estallido del escándalo guardó silencio por espacio de 20 días, para luego comentar tibiamente que se «investigue y si había responsables que sean sancionados con todo el peso de la ley».
Después Lantarón afirmaría que la salida de Lizárraga no fue por los «chats» sino, se debió porque no mostraba avances en el proceso de inmunización de la población contra la Covid-19. La defenestrada funcionaria prefirió guardar silencio y retornar a la ciudad de Lima.
CASO COMPLEJO
La investigación preliminar ha sido declarada compleja y se ejecutará en un plazo de ocho meses, toda vez que para establecer las irrregularidades incurridas en el proceso de adquisición de biomédicos,la sobrevaloración de precios y el perjuicio generado, se requerirá de la realización de pericias, revisión de documentos y complicados analísis técnicos, sin descartarse la intervención de los equipos celulares a través de los sistemas electrónicos existentes con autorización de la instancia judicial respectiva.