Víctima tenía apenas dos años cuando ocurrió el hecho. La diligencia busca esclarecer las circunstancias de su muerte y garantizar el derecho a la verdad de sus familiares.
A más de cuatro décadas de uno de los episodios que marcaron el periodo de violencia que atravesó el país entre 1980 y 2000, el Ministerio Público realizó la recuperación de restos óseos de un menor de apenas dos años de edad, quien habría perdido la vida en circunstancias violentas durante un operativo policial desarrollado en 1983, en el distrito de Pacucha, provincia de Andahuaylas, región Apurímac.
La diligencia fue ejecutada por la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, como parte de las investigaciones orientadas a esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte del pequeño, identificado con las iniciales J. D. H. P., presuntamente a consecuencia de disparos efectuados por integrantes de la entonces Guardia Republicana del Perú (GRP).
Según la investigación fiscal, el episodio se habría producido durante un operativo policial de carácter contrasubversivo, desplegado luego del asesinato de tres autoridades locales a manos de integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso. En ese contexto de violencia que golpeaba a distintas comunidades de la región, se habría registrado el hecho que terminó con la vida del menor.
De acuerdo con el testimonio proporcionado por la madre de la víctima, ella se desplazaba hacia su vivienda llevando a su pequeño hijo sobre la espalda cuando, presuntamente, efectivos de la Guardia Republicana abrieron fuego en su dirección. Durante el ataque, uno de los proyectiles habría alcanzado la cabeza del niño, provocándole la muerte.
Después de lo ocurrido, la madre acudió a la Comisaría de Pacucha para reclamar por el fallecimiento de su hijo y buscar explicaciones sobre lo sucedido. Sin embargo, según su declaración, los agentes le habrían indicado que dejara el cuerpo, asegurándole que ellos se encargarían de realizar la sepultura.
Con el paso del tiempo, la progenitora consiguió ubicar el lugar donde inicialmente habían sido enterrados los restos de su pequeño. Posteriormente, decidió trasladarlos hasta el cementerio municipal de Pacucha, donde permanecieron hasta la reciente intervención del Ministerio Público.
La recuperación de los restos óseos constituye una diligencia importante dentro del proceso de investigación, debido a que permitirá realizar los estudios y análisis forenses necesarios para obtener información que contribuya al esclarecimiento de este caso, ocurrido en uno de los periodos más dolorosos de la historia reciente del país.
La actuación fiscal estuvo a cargo de la fiscal Eliana Galindo Campos, quien contó con la participación de especialistas del Equipo Forense Especializado (EFE) del Ministerio Público. Los peritos desarrollaron los procedimientos técnicos correspondientes para la recuperación de los restos y su posterior análisis, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de investigaciones.
Desde el Ministerio Público se busca avanzar en el esclarecimiento de los hechos, establecer las circunstancias de la muerte del menor y contribuir a garantizar el derecho a la verdad de sus familiares, quienes durante décadas han esperado respuestas sobre lo sucedido.
Este caso vuelve a poner en evidencia las profundas heridas que dejó el periodo de violencia en las comunidades de Apurímac, donde numerosas familias todavía buscan conocer el destino de sus seres queridos y encontrar respuestas frente a hechos que permanecieron sin esclarecer durante muchos años.
Más allá del tiempo transcurrido, la recuperación de estos restos representa un paso importante para reconstruir la verdad histórica y judicial, así como para brindar a los familiares la posibilidad de conocer qué ocurrió realmente con uno de los integrantes más pequeños de su familia.
