Vía pública convertida en espacio comercial: vecinos cuestionan la falta de control municipal.
Lo que debería ser un espacio destinado al libre tránsito de peatones y vehículos vuelve a convertirse en motivo de preocupación y cuestionamiento ciudadano. En el Jr. Juan Francisco Ramos, se habría instalado dos carpas destinadas a actividades comerciales en plena vía pública, situación que viene generando malestar entre quienes transitan por este sector de la ciudad.
El hecho resulta llamativo no solamente por la ocupación de un espacio público, sino también por la aparente falta de una intervención efectiva de los responsables de fiscalización y control. La presencia de estas estructuras se produciría a vista de quienes tienen la responsabilidad de velar por el orden en las calles, mientras vecinos y transeúntes se preguntan hasta cuándo se permitirá este tipo de situaciones.
El problema de fondo no sería únicamente la instalación de las carpas. La preocupación ciudadana apunta a una práctica que, según se observa en distintos puntos de la ciudad, consiste en utilizar áreas destinadas al tránsito y al uso público para exhibir mercadería, colocar publicidad o desarrollar actividades comerciales.
Si existen disposiciones municipales que regulan el uso de la vía pública y establecen restricciones para la colocación de estructuras, mercadería u otros elementos que obstaculicen estos espacios, corresponde que dichas normas sean aplicadas de manera uniforme, transparente y sin excepciones.
Porque una norma que no se hace cumplir termina convirtiéndose, en la práctica, en una simple recomendación.
En este caso, los cuestionamientos también alcanzan a los comerciantes que ocupan espacios públicos pese a las disposiciones existentes. El derecho a trabajar y desarrollar una actividad económica merece respeto, pero también debe ejercerse dentro del marco de las reglas establecidas y sin afectar el derecho de los demás ciudadanos al libre tránsito y al uso adecuado de los espacios públicos.
La situación plantea además una pregunta inevitable: ¿quién fiscaliza a quienes ocupan las calles?
Los ciudadanos no deberían tener que enfrentarse permanentemente a obstáculos instalados en veredas y vías para poder desplazarse por la ciudad. Mucho menos debería normalizarse que determinadas áreas públicas terminen siendo utilizadas como extensiones de establecimientos o puntos de venta sin que exista una respuesta clara de la autoridad competente.
En ese contexto, resulta necesario que la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, a través de las áreas correspondientes, verifique la situación, determine si existe autorización para la instalación de dichas carpas y, de ser el caso, adopte las medidas que correspondan conforme a las ordenanzas y normas vigentes.
También corresponde determinar la responsabilidad de los órganos encargados de la fiscalización y del personal que realiza labores de control en la zona. No se trata de señalar culpables sin investigación, sino de exigir que las autoridades cumplan con su función y expliquen a la población qué medidas se vienen adoptando para recuperar y proteger los espacios públicos.
La crítica ciudadana debe estar dirigida a una problemática concreta: el uso de la vía pública sin un adecuado control y la aparente permisividad frente a determinadas ocupaciones comerciales.
Andahuaylas necesita orden, pero ese orden debe comenzar por hacer cumplir las normas existentes. La ciudad no puede crecer bajo la lógica de que quien ocupa primero un espacio público termina apropiándose de él.
Mientras tanto, las carpas permanecen en el Jr. Juan Francisco Ramos y la interrogante sigue en el aire: ¿hasta cuándo los espacios públicos continuarán siendo ocupados sin una respuesta firme y oportuna de las autoridades?
La población espera una explicación y, sobre todo, acciones concretas que permitan garantizar el libre tránsito, preservar el orden urbano y asegurar que las normas municipales sean respetadas por todos, comerciantes y autoridades por igual.
