Ejecutivo plantea seguir la ruta del dinero para desarticular redes ilegales
La lucha contra la minería ilegal podría entrar en una nueva etapa si el Ejecutivo concreta su anunciado cambio de estrategia: dejar de concentrar los operativos únicamente en la destrucción o incautación de maquinaria y poner el foco en las rutas del dinero que permitirían sostener las actividades de las redes dedicadas a la extracción ilícita de minerales.
El planteamiento apunta a identificar a quienes financiarían estas actividades, así como a las personas y estructuras que cumplirían funciones de dirección, abastecimiento, transporte y comercialización. El objetivo, según el enfoque difundido por el Gobierno, sería afectar la estructura económica que permite que estas actividades continúen operando después de los operativos en los puntos de extracción.
La estrategia parte de una premisa: intervenir maquinaria puede paralizar temporalmente una operación, pero no necesariamente desarticula la red que la financia y obtiene beneficios económicos. Por ello, el seguimiento de movimientos financieros, proveedores, rutas comerciales y mecanismos de comercialización aparece como uno de los componentes centrales de la nueva ofensiva.
EL PULSO POLÍTICO
Sin embargo, la propuesta enfrenta un escenario político complejo en el Congreso. De acuerdo con los cuestionamientos formulados desde sectores vinculados al Ejecutivo, algunas iniciativas destinadas a fortalecer la lucha contra la minería ilegal encontrarían resistencia parlamentaria.
Desde el Gobierno se cuestiona que determinados sectores políticos coloquen en el mismo debate a la minería artesanal y a las actividades vinculadas con la minería ilegal, situación que, según sus críticos, podría dificultar la diferenciación entre trabajadores que buscan desarrollar una actividad formal y organizaciones que operarían fuera del marco legal.
Estas afirmaciones forman parte del debate político y no permiten atribuir responsabilidades concretas a bancadas o parlamentarios sin establecer previamente, mediante evidencia verificable, qué iniciativas fueron bloqueadas, por quiénes y bajo qué circunstancias.
El desafío legislativo pasa por encontrar mecanismos que permitan combatir las actividades ilegales sin afectar a los pequeños productores mineros que desarrollan sus actividades dentro de los procedimientos establecidos por la normativa.
LAS REGIONES, BAJO LA LUPA
El problema tampoco se limita al Congreso. Otro de los puntos señalados en el debate es la capacidad de fiscalización existente en las regiones, especialmente en aquellas zonas donde la actividad minera informal e ilegal representa un desafío permanente para las autoridades.
Las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM) y los gobiernos locales tienen responsabilidades dentro de sus respectivas competencias, pero la capacidad operativa y de fiscalización puede variar considerablemente entre regiones.
En territorios como Apurímac, donde existe actividad minera de diferentes características, el reto consiste en establecer controles efectivos que permitan diferenciar la actividad formal, la minería artesanal en proceso de regularización y las operaciones que eventualmente podrían encontrarse fuera del marco legal.
La falta de supervisión efectiva, advierten los sectores críticos, puede generar espacios favorables para que actividades ilícitas continúen desarrollándose y dificultar la identificación de las personas que realmente se benefician económicamente de ellas.
MÁS ALLÁ DE LA MAQUINARIA
La principal novedad del enfoque anunciado por el Ejecutivo radica en que pretende trasladar parte de la batalla contra la minería ilegal desde los puntos de extracción hacia los circuitos económicos que permiten financiarla.
Esto implicaría fortalecer el trabajo de inteligencia, el intercambio de información entre instituciones y las investigaciones financieras destinadas a determinar quiénes aportan recursos, quiénes comercializan los minerales y quiénes obtienen las ganancias.
El desafío será demostrar que esta estrategia puede llegar hasta los niveles superiores de las organizaciones y no quedarse únicamente en la intervención de trabajadores o operadores que se encuentran en los lugares de extracción.
APURÍMAC Y EL RETO DEL CONTROL
Para Apurímac, el debate tiene especial importancia debido a la presencia de actividad minera en distintas zonas de la región. Cualquier estrategia de fiscalización deberá considerar las características particulares de cada territorio y evitar generalizaciones que puedan afectar a quienes desarrollan actividades mineras dentro de la legalidad.
La tarea de las autoridades será fortalecer los mecanismos de control, promover la formalización cuando corresponda y perseguir las actividades que efectivamente constituyan minería ilegal, siempre mediante procedimientos legales y con pruebas que permitan establecer responsabilidades.
En este escenario, el anunciado seguimiento de las rutas financieras podría convertirse en una herramienta relevante si se acompaña de investigaciones sólidas y coordinación entre las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado y los delitos ambientales.
La discusión, finalmente, no se reduce a destruir maquinaria. El verdadero desafío está en identificar quién financia, quién organiza, quién comercializa y quién obtiene ganancias de las operaciones ilegales, sin confundir esa persecución con la actividad minera artesanal o formal.
Mientras el Ejecutivo busca impulsar esta nueva estrategia, el Congreso y las autoridades regionales enfrentan el reto de definir mecanismos eficaces que permitan combatir la minería ilegal, proteger los recursos naturales y, al mismo tiempo, garantizar que las acciones del Estado se desarrollen con respeto al debido proceso y dentro del marco de la ley.
Las expresiones referidas a supuestas mafias, redes criminales o responsabilidades políticas deben entenderse como señalamientos sujetos a investigación y acreditación por las autoridades competentes, manteniéndose la presunción de inocencia mientras no exista una resolución firme que determine responsabilidades.
