El Poder Judicial impuso una condena de 35 años tras la acusación sustentada por la Fiscalía de Aymaraes con peritajes, testimonios y documentación.
El Poder Judicial impuso 35 años de pena privativa de la libertad al docente Víctor Hugo Hilario Sierra, de 42 años, tras determinar su responsabilidad penal por el delito contra la libertad sexual en agravio de una menor de 11 años, en hechos ocurridos en el distrito de Capaya, provincia de Aymaraes.
La condena fue obtenida por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Aymaraes, luego de un proceso judicial en el que el fiscal Sergio Villavicencio Mattos presentó los elementos probatorios que sustentaron la acusación contra el ahora sentenciado.
Durante el juicio se expusieron peritajes psicológicos, testimonios y documentos relacionados con los hechos investigados. Según la tesis fiscal acreditada durante el proceso, las agresiones habrían comenzado en el año 2014, cuando la menor tenía 11 años y el acusado se desempeñaba como docente de aula en la Institución Educativa Virgen del Carmen, del distrito de Capaya.
HECHOS INVESTIGADOS
De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, el primer hecho se habría producido durante una actividad religiosa desarrollada en el centro educativo. Según la investigación fiscal, el entonces docente envió a la menor a preparar café junto a una prima y, posteriormente, cuando se habría quedado a solas con ella, ocurrió la agresión sexual.
La Fiscalía sostuvo que los hechos se habrían repetido hasta en cuatro oportunidades, tanto dentro de las instalaciones de la institución educativa como en la vivienda del agresor, según los elementos incorporados durante el proceso judicial.
El caso permaneció en silencio durante varios años. Conforme al relato fiscal, las consecuencias emocionales de lo ocurrido llevaron a la menor a un episodio de autolesión y posteriormente, en 2018, comunicó lo sucedido a su madre, momento en que se formalizó la denuncia ante las autoridades.
JUSTICIA PARA LA MENOR
La sentencia constituye el resultado de un proceso judicial en el que la Fiscalía presentó los elementos considerados por el órgano jurisdiccional para establecer la responsabilidad penal del acusado.
Tras conocerse la condena, el Distrito Fiscal de Apurímac reafirmó su posición de perseguir los delitos que vulneran la integridad y los derechos de niños, niñas y adolescentes, particularmente aquellos que ocurren en entornos educativos.
El caso también pone de relieve la importancia de fortalecer mecanismos de prevención, protección y denuncia dentro de las instituciones educativas, así como de garantizar que los estudiantes desarrollen sus actividades en espacios seguros.
