La sentencia desmiente versión oficial: no fueron manifestantes, sino un ex agente policial

En un fallo histórico y con fuertes implicancias políticas y sociales, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Juliaca sentenció a 35 años de prisión efectiva al ex suboficial de la Policía Nacional del Perú, Erusbel Jhonatan Apaza Uturunco, por su participación en los hechos ocurridos el 9 de enero de 2023, que culminaron con la muerte del suboficial PNP José Luis Soncco Quispe (29).

Según el tribunal, Apaza Uturunco fue hallado culpable por los delitos de disturbio agravado y sustracción de armas, tras comprobarse su implicancia directa en el violento ataque a la patrulla policial en la urbanización Tambopata, donde el patrullero fue incendiado y el cuerpo de Soncco Quispe apareció completamente calcinado.

EVIDENCIAS CLAVE

Durante el proceso judicial se presentó como evidencia lo hallado en el domicilio del acusado: partes de armas de fuego, entre ellas una pistola Pietro Beretta, una cacerina para fusil AKM, y una suma de 23,800 dólares en efectivo. Parte del armamento incautado correspondía al equipo asignado a los policías atacados ese día.

 

La sentencia ha causado gran repercusión, ya que contradice las declaraciones iniciales del gobierno de turno, que responsabilizó públicamente a los manifestantes de la muerte del suboficial. La investigación demostró que un exmiembro de la misma institución a la que pertenecía la víctima estuvo implicado en el crimen.

FALLO Y REPARACIONES

El tribunal, conformado por los magistrados Víctor Paredes Mestas, Richard Condori Chambi y Yessica Condori Chata, dictó por unanimidad la condena máxima. Asimismo, se ordenó el pago de una reparación civil a favor de los deudos del agente fallecido.

La defensa del acusado solicitó su absolución, argumentando falta de pruebas directas. Sin embargo, la contundencia de las pruebas materiales y testimoniales permitió sostener la imputación y llevar al acusado a prisión.

CONTEXTO

Este hecho se enmarca en la ola de protestas nacionales ocurridas en enero de 2023 contra el gobierno de Dina Boluarte. La muerte del suboficial Soncco Quispe fue utilizada por sectores oficiales como prueba del carácter violento de las manifestaciones. Sin embargo, este fallo judicial abre un nuevo escenario en la búsqueda de justicia, desmontando afirmaciones no verificadas y fortaleciendo el rol del debido proceso.

Fuente: La Lupa

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