Alto comisionado de la PCM adelanta que tienen como objetivo disminuir actividad de manera paulatina y directivos piden resultados ante creciente aumento de muertes
¿En qué estado se encuentran las acciones destinadas a disminuir la minería ilegal en el país?
Interrogante que se formulan los peruanos ante informaciones divulgadas en forma constante desde hace más de una década cuando diferentes gobiernos (Humala, PPK, Vizcarra y Boluarte) implementaron operativos o interdicciones en zonas de extracción de recursos sin contar con los permisos. Lo cierto es que los resultados no son auspiciosos y la situación se escapa del control ante el aumento de violencia promovida por grupos e incluso políticos vinculados con estas personas, quienes financiaron sus campañas.
Javier Rospigliosi en Todo Minería N° 313, 6-10-24 escribió, citando una edición especial de
la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMMPE) del 17 de mayo, que “el Ministerio de Ambiente señalaba que, en el 2015, la minería ilegal ya estaba presente en todas las regiones y ocupaba cerca de 25 millones de hectáreas a nivel nacional”. Esa cantidad puede ser exagerada, pero es cruda y terrible.
Miguel Cardozo, exdirector del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú (IIMP), señaló que la minería ilegal de oro en el país movería alrededor de US$ 6,000 millones este año. “Hemos visto lo que está pasando en La Libertad y en otras partes más del país. Esto es una verdadera barbaridad. La cantidad de oro ilegal que se está extrayendo en el país es enorme, en este momento estamos hablando de US$ 6,000 millones”, afirmó en entrevista para Sol TV.
Por su parte y manejando una cifra menor, Elmer Cuba, economista y socio de Macroconsult, el 10 de septiembre en Diálogos Mineros del IIMP, comentaba que la minería ilegal podría generar montos por hasta US$4.000 millones este año y explicaba que este incremento se debe al alza en el precio del oro, que supera los US$2.500 por onza, y a la insuficiente capacidad del Estado para controlar y erradicar esta actividad ilícita. Asimismo, lamentó que si bien el Estado peruano, en general, ejerce su autoridad frente a la minería formal, siendo rigurosos con trámites que demoran y resultan ineficientes, “cuando ve casos como el de la minería ilegal, no interviene”. A ello se agrega que la violencia no para y menos las extorsiones, tal como se reportan sucesos registrados en diferentes zonas del territorio, en especial el norte, donde en las últimas horas se descubrió una fosa común con varios cuerpos de víctimas en su interior, la misma que fue encontrada por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en terrenos de propiedad de la minera Poderosa, distrito y provincia de Pataz, sierra de la región La Libertad.
El hallazgo fue confirmado el viernes en la mañana por el director de la III Macro Región Policial, general José Zavala, quien precisó que dicha fosa común habría sido construida por los mineros ilegales para meter allí a las víctimas de este ilícito negocio y se sabe de al menos de 15 denuncias de personas desaparecidas entre el 2023 y 2024, pero no descartó que la cifra sea mayor debido a que a Pataz llegan personas de muchas regiones del país, incluso del extranjero para trabajar en los socavones de los mineros ilegales.
ANUNCIOS Y PROMESAS
A inicios de semana, Rodolfo García, alto comisionado para combate de la minería ilegal de la PCM, adelantó que el Gobierno busca reducir esta actividad ilícita de manera paulatina a través de una estrategia multisectorial y el plan sería presentado en el transcurso de los siguientes días y busca una reducción anual del 10%. ¿Otro anuncio más que quedará en el archivo de los re-
cuerdos?.
El representante del Ejecutivo, en Diálogos Mineros del IIMP, comentaba que este documento será socializado primero con el grupo multisectorial y luego presentado ante la comisión que aborda permanentemente el problema de la minería Rodolfo García, alto comisionado de la PCM ilegal. Posteriormente, se formalizará mediante un decreto supremo y para ello un grupo trabaja en la formulación de esta nueva estrategia que está finalizando su trabajo. «Cada institución vinculada a la reducción de la minería ilegal deberá generar sus propios planes, los cuales deberán ajustarse al presupuesto», explicó García. Según su perspectiva, esta es una tarea de largo aliento que exigirá el establecimiento de metas anuales, con el fin de reducir significativamente la minería ilegal en una década.
Adelantó que la Comisión Multisectorial, encargada de esta estrategia, está compuesta por nueve ministerios y entidades como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, entre otras. En otro momento, indicó que hasta el 28 de julio, se llevaron a cabo 481 operativos de interdicción, principalmente en la minería metálica. Esta cifra ha aumentado a más de 600 en las últimas semanas, con operaciones adicionales en agosto y septiembre. Según el comisionado, las interdicciones han generado pérdidas para la minería ilegal por más de S/ 2 mil millones en material incautado y destruido. “En agosto y lo que va de septiembre, hemos hecho ya 106 operaciones más. O sea, estamos cerca de 600 operaciones de interdicción, no es poca la cantidad y eso además corresponde a un valor entre el material incautado y destruido de más de 2 mil millones de soles”, indicó.
SINCERAR CIFRAS
Según Dante Vera, fundador y gerente general de V&C Analistas, en mayo 2024, manifestó en
un Jueves Minero del IIMP que el 64% de mineros no formales ocupa concesiones de terceros y en esa línea, indicó que, a la fecha, solo hay 11,500 mineros formalizados en la MAPE (Minería a pesar de continuos anuncios y promesas la minería ilegal gana terreno al gobierno. Alto comisionado de la PCM adelanta que tienen como objetivo disminuir actividad de manera paulatina y directivos piden resultados ante creciente aumento de muertes Artesanal y en Pequeña Escala) por vía ordinaria, y extraordinaria y temporal.
Agregó que los informales en proceso de formalización alcanzan la cifra de 87,771, de los cuales el 71.4% o 62,684 aproximadamente cuentan con la condición de suspendidos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Solo el 28% está vigente o, es decir, 25,087. Cifras que preocupan que ante el vencimiento del plazo para acogerse a la formalización el 31 de diciembre, este tema pasa a convertirse en una “papa caliente”. Para combatir a la minería ilegal y fomentar la formalización, Vera consideró que “policializar”, “militalizar”, o declarar en estado de emergencia no es una medida adecuada, si es que no se comprende previamente el mecanismo que usan las organizaciones criminales para extraer el oro. “Lo que buscan es sacar a la empresa de la zona. Seguirán atacando hasta que el inversionista se canse”, refirió. Bajo esa premisa, destacó que lo que se necesita es una política que reafirme el valor de la MAPE responsable, competitiva y sostenible como factor de desarrollo territorial y regional.
“Requerimos de un pacto nacional. Separar la minería informal de la ilegal. Formalizar la MAPE y las brechas sociales es la mejor estrategia para reducir y eliminar la minería ilegal criminal. De esta manera, se ayudarán a destrabar las inversiones del sector”, finalizó. En el informe Abordaje integral de la minería informal e ilegal en el Perú, realizado con el apoyo de V&C Analistas, presentado el 2023 en el Perumin 36 se indica que el impacto ambiental, llega a 2 ́636,585 hectáreas de bosque perdidas entre el 2001 y el 2020. Es decir, la pérdida de bosques crece a un ritmo de 8% anual.
Solo el 2020 se perdieron 200 mil hectáreas de bosques, siendo la tasa más alta de los últimos 20 años. Además, son 14,117 hectáreas deforestadas en el corredor minero de Madre de Dios en el 2021 y el 2022.
